En paralelo, según avanzaron fuentes populares a Servimedia, entregará a Sánchez un documento –ya firmado por él– para recuperar el acuerdo que PP y PSOE cerraron en mayo y que decayó por el adelanto electoral. Las líneas fundamentales de aquel pacto eran eliminar el término “disminuido” de la Carta Magna y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”, y el compromiso de los socialistas a no apoyar ninguna enmienda de sus socios y evitar la celebración de un referéndum constitucional.

Si Sánchez accede y consigue el compromiso público de Díaz en los términos que exige Feijóo, el líder de la oposición dará luz verde a Sánchez para tramitar la reforma por el procedimiento de urgencia y en lectura única nada más empezar el año. “Sánchez tiene en su mano embridar a la líder de Sumar y que así sea”, afirman desde Génova.

Feijóo quiere de este modo asegurarse de que los partidos independentistas y nacionalistas no utilizan esta cuestión para abrir la Constitución en canal e impulsar una consulta pública que se utilice para lo que el PP califica como “fines espurios”. Y, a su vez, busca que el presidente del Gobierno unifique la acción política de los dos partidos que conforman el Ejecutivo.

Este matiz es relevante, puesto que el apoyo de Sumar solo es necesario para impedir que se celebre un referéndum constitucional. Si reeditan el acuerdo de mayo, PP y PSOE tienen garantizada la mayoría de tres quintos necesaria para aprobar la reforma tanto en el Congreso como en el Senado. Por tanto, en el remoto caso de que los de Yolanda Díaz se negaran a hacer este cambio, la propuesta saldría adelante.

SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 155

Sin embargo, el PP quiere que el secretario general del PSOE contenga a la líder de Sumar y “deje patente su compromiso con la reforma del artículo 49 de la Constitución”. Un compromiso que no debe producirse por escrito, pero que sí que pasa por apoyar solo y exclusivamente una reforma "quirúrgica" y votar en contra de todas las enmiendas, sea cual sea su contenido.

Hace un año, en el último intento de aprobar la reforma en las Cortes, distintos partidos utilizaron esta cuestión para introducir cambios en la Constitución. El PNV, por ejemplo, planteó el reconocimiento del derecho a decidir de los diferentes territorios de España de forma pactada con el Estado, además de limitar la inviolabilidad del Rey y suprimir el artículo 155 que habilita a suspender la autonomía de una comunidad, como sucedió en 2017 en Cataluña tras el referéndum ilegal convocado por Carles Puigdemont y su posterior declaración unilateral de independencia.

Ante la posibilidad de que estas enmiendas se vuelvan a presentar, Feijóo quiere frenar un escenario en el que Sumar, como partido de Gobierno, no circunscriba la reforma al artículo 49 de la Constitución y apoye algunas de las propuestas de los grupos, que de todas formas no saldrían adelante por el ‘no’ de PP y PSOE. Díaz tendrá que sopesar esta petición después de la salida de Podemos, que ha endurecido el tono contra el Gobierno.

DESACTIVAR EL REFERÉNDUM

Además, implicar a Díaz en el acuerdo desactivaría un posible referéndum. El artículo 167.3 señala que, “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”, es decir, 35 diputados o 27 senadores.

A Feijóo le preocupa la celebración de una posible consulta pública porque está convencido de que los independentistas la utilizarían para sacar rédito de ella y desvirtuar el motivo de la convocatoria de las urnas: ratificar la modificación del artículo 49 de la Constitución.

Los números no dan si Sumar se compromete a no solicitar esta consulta pública, puesto que los socios del Gobierno suman, incluyendo a Podemos, 32 parlamentarios en el Congreso –33 con Coalición Canaria– y 20 en el Senado –25 con Coalición Canaria, Geroa Bai, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña Independiente y Eivissa i Formentera al Senat–.