El texto, cotejado por Servimedia, está bautizado como 'Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica', y será remitido a todos los presidentes autonómicos para sentar las bases de su diálogo con Vox de cara garantizar la estabilidad de sus respectivas comunidades. Además, es aplicable a otras fuerzas políticas que compartan "su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez", por lo que excluye al PSOE.

Este nuevo "marco" es "único, vinculante y de aplicación en toda España". Nace "con el objetivo de garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad". Y ve la luz una vez que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido que Génova debe estar presente en las negociaciones con Vox ante las reclamaciones "asimétricas" que el partido de Abascal hacía según la comunidad.

El documento está basado en los principios del "respeto a la unidad nacional, al marco constitucional y al Estado de Derecho", el "acatamiento del reparto competencial" y el compromiso de velar "por el respeto a las principales instituciones de la Nación" protegiendo la "separación de poderes".

Contiene 10 puntos e identifica "materias de competencia autonómica como ámbitos prioritarios de acuerdo" que pueden servir, a la postre, como un mínimo común programático con Vox para negociar: desde bajadas de impuestos hasta una política migratoria más férrea o un refuerzo de la seguridad en las calles.

El PP, además, asume que tendrá que "ampliar" su oferta programática, aunque marca como línea roja todo aquello que suponga "contradecirla".

CUATRO AÑOS DE PRESUPUESTOS

Esta "guía de principios rectores" culmina el cambio de posición del PP con respecto a Vox desde las elecciones generales de 2023. Feijóo hace tiempo que asumió que la batalla electoral será de bloques mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Y este texto viene a normalizar los pactos con los de Abascal para poner la pelota en su tejado.

Así, busca desactivar cualquier operación de Vox para dividir los barones del PP en "presidentes buenos y malos", según interpretan en las direcciones territoriales del PP. Y es que Feijóo no solo interviene directamente la negociación en Extremadura y Aragón, sino que liga el futuro político de dos comunidades que avanzaban en las conversaciones de forma desigual. De fracasar el diálogo, ambos territorios irán a elecciones el 28 de junio en lo que será la primera repetición electoral autonómica de la historia de España.

El documento del PP hace hincapié en la "estabilidad". En el penúltimo punto del decálogo, la dirección nacional del PP subraya que "todo acuerdo deberá contribuir a la gobernabilidad eficaz y la seguridad jurídica, evitando cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política".

En el siguiente párrafo va un paso más allá y exige que "la buena voluntad" de ambas partes, en este caso de PP y Vox, debe "concretarse tanto en el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos como en el establecimiento de un método de seguimiento que garantice el cumplimiento del pacto". Una fórmula que ya habían planteado los presidentes del PP con citas en las urnas, pero que Feijóo hace extensible a todo el partido.

PROPORCIONALIDAD

Otro de los términos más relevantes del documento es el de "proporcionalidad". El PP defiende que "el reparto de poder, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, debe respetar la proporcionalidad que los ciudadanos establezcan en las urnas". Este epígrafe es relevante por lo sucedido estos días en Extremadura, donde Vox llegó a reclamar hasta tres consejerías aún teniendo casi tres veces menos escaños.

En el equipo de la presidenta en funciones, María Guardiola, están satisfechos con la intervención de Génova. Llevaban varias semanas reclamando a Génova una "estrategia conjunta" para equipararse con Vox, sobre todo porque la paralización de sus negociaciones no atendían a cuestiones políticas, sino personales.

"Te dividen en varios PPs, que entronca con su discurso de 17 PPs, y te diferencian entre los que se puede hablar y los que no, que entra dentro de su marco de presidentes buenos y malos", relata un alto cargo del PP extremeño en conversación con Servimedia. "Y todo lo que sea contra un presidente autonómico es contra el presidente nacional. Simplemente es un medio para minar al nacional".

En Aragón, en cambio, guardan silencio. Su presidente, Jorge Azcón, sí avanzaba con "discreción" hacia un "pacto global" y "a fuego lento". La relación personal con Abascal, con quien coincidió en las Nuevas Generaciones del PP, ayudaba; sobre todo de cara a la estrategia de Vox de "humillar" a Guardiola, según reconocen distintos cargos en el PP. "Hay una relación de Vox con María Guardiola, y una relación de Vox con Jorge Azcón. Ahora vamos a ver cómo está la relación del PP con Vox", zanjan el runrún en la dirección nacional.

IMPUESTOS, INMIGRACIÓN, SEGURIDAD

PP y Vox no tienen aún un calendario de reuniones, pero han pactado que el nuevo marco de negociación se base en dos partes: primero, las políticas y después los cargos. Es decir, que la entrada de los de Abascal en los gobiernos autonómicos ya no está garantizada, aunque buena parte del PP pide darles entrada para que empiecen a desgastarse por la gestión pública.

De cara a esta primera fase, el PP defiende que "cualquier acuerdo debe basarse en el principio de coherencia programática, de tal modo que nuestra formación puede aceptar ampliar las ofertas con las que concurrieron a las elecciones, pero no contradecirlas".

Feijóo, no obstante, es partidario de explorar el mínimo común de PP y Vox. Por ejemplo, "utilizar todas las competencias fiscales autonómicas para bajar impuestos a las familias, a los trabajadores y a quienes quieren emprender, ahorrar o acceder a una vivienda"; y para "reducir la burocracia". O aprobar "medidas de simplificación administrativa, apoyo productivo y defensa de los productores frente a la competencia desleal", y exhibir su rechazo a "las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria".

Cualquier acuerdo sobre estas materias u otras, como la vivienda, deben basarse sobre la "igualdad de los ciudadanos ante la ley y la defensa de la libertad". Y se regirán sobre las competencias autonómicas. En otras palabras, se puede verbalizar la exigencia al Gobierno para que "controle las fronteras" y "ejecute las expulsiones", pero no pactará devolver a los menores extranjeros no acompañados porque las comunidades no están habilitadas para ello.