"Si el problema es la falta de Presupuestos en la localidad, que se sienten y lo hablen", señalaron desde Génova, que pretende así que el jefe del Ejecutivo demuestre si está dispuesto a encontrar "una alternativa" a un gobierno de Bildu. "Si no se produce esa llamada y si el PSOE no busca una salida alternativa, el PP dará por confirmado que es un pago a Bildu por la investidura y esto supondrá un antes y un después en la política nacional en general y en las relaciones PP-PSOE en particular", señalaron las mismas fuentes.

En este sentido, recordaron que el PP no gobierna en Pamplona, por lo que "no actúa ni en busca de mantener el poder ni en busca de conseguirlo". Sin embargo, advierten de que si la moción de censura del próximo 28 de diciembre se consuma, el constitucionalismo perderá "una batalla importante".

ARTÍCULO 49

Por otro lado, desde el principal partido de la oposición confirmaron que Feijóo condicionará el acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución a que Yolanda se comprometa públicamente a rechazar todas las enmiendas que presenten los socios del Gobierno y a desactivar la posibilidad de un referéndum constitucional.

"Si Yolanda Díaz da garantías de que la modificación constitucional se circunscribirá a este asunto y no la utiliza para otros fines, hoy se puede cerrar el acuerdo", señalaron desde el partido.

Se lo transmitirá hoy a Sánchez en su reunión en el Congreso, en la que le tenderá un escrito para recuperar el acuerdo que PP y PSOE suscribieron en mayo si Díaz hace “patente” su compromiso con una reforma “quirúrgica” de la Carta Magna.

Con todo ello, el PP pedirá que enero sea mes hábil en la Cámara Baja. A través del trámite de urgencia y aprobando la reforma con lectura única, esta modificación podría estar vigente en el mes de enero.

TELEFÓNICA

Por último, solicitará información precisa en materia de política exterior y de Defensa, y requerirá datos sobre los planes del Gobierno de utilizar fondos públicos para controlar grandes empresas españolas. En este sentido, le pedirá "reconsiderar" el uso del dinero de los ciudadanos de un país con un 110% de deuda pública para comprar acciones de multinacionales.

Hasta el momento, el PP ha definido como un inteneto de "intervención pública" la compra del 10% de las acciones de Telefónica por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ya que los populares entienden que existen otros mecanismos para protegerse del desembarco de Arabia Saudí en la ‘teleco’.