Fue el principal compromiso de índole económica que asumió en el dudoso caso de que su investidura salga adelante. También en este ámbito, se marcó el objetivo de un crecimiento real medio del 2,5% cada año de la próxima década, que se conseguiría con tres reformas concretas: de la Administración, para hacerla "más accesible, más eficiente y más económica"; fiscal y para dar facilidades a los empleadores.

La reforma administrativa la argumentó como necesaria porque "instituciones más eficientes son la mejor manera de liberar gasto superfluo que nos permita atender otras prioridades", y en concreto propugnó desarrollar un Plan de Facilidades Administrativas que le parece "inaplazable". Para argumentarlo, mencionó que el año pasado se publicaron en el BOE 140.766 folios, 385 al día.

Aseguró que "Europa nos insta a trabajar de una forma distinta" y llamó a mejorar "ampliando el procedimiento de declaración responsable, generalizando el silencio administrativo positivo o asumiendo el compromiso de eliminar tres normas vigentes por cada nueva que aprobemos".

En materia fiscal, denunció que en la última legislatura los españoles han tenido que soportar 42 subidas, con un aumento de recaudación de 42.656 millones de euros respecto a 2019, pese haber un PIB similar. Rechazando "la moralina de que se hizo exclusivamente para proteger a los que menos tienen", preguntó "qué bien se hace creando un nuevo impuesto a los plásticos antes que nuestros socios europeos, y que encarece aún más los alimentos en plena escalada de precios, si después ese dinero se utiliza lo recaudado para financiar el cine o los viajes a las rentas altas?". "El gratis total no es hacer ningún bien", advirtió, "Cuando se hace para mercadear electoramente es lamentable. Pensar que a los jóvenes o que a los mayores se les puede comprar y conseguir su voto es inmoral, es tenerlos en muy poca consideración"

Feijóo puso como ejemplo a los presidentes autonómicos del PP que han bajado impuestos, para lograr tres objetivos: "contribuir a la actividad económica y a la creación de empleo con captación de nuevas inversiones y patrimonios extranjeros"; "hacer más atractiva la vida en el rural, con una política de impuestos cero en estos entornos", y "mejorar la equidad de las cargas tributarias, sobre todo buscando el alivio de las familias con menos recursos y clases bajas y medias"

También en el ámbito económico, propuso "más facilidades a los empleadores", con medidas similares a las de Portugal o Alemania, dos gobiernos socialdemócratas. En primer lugar, estableció que "ésta tiene que ser la legislatura de las pymes y los autónomos", que "son el alma de nuestra economía" y "el 99 % del tejido productivo" y "lamentablemente han sufrido enormemente en los últimos años". Citando el propio programa electoral del PP, mencionó la citada idea de que "los pequeños emprendedores que empiezan no paguen impuestos en los dos primeros años de actividad",

En materia de empleo, el líder del PP se negó a "aceptar el desempleo estructural" de España, cuando "las empresas quieren poder disponer de personal cualificado" y acusan, a su juicio, "la falta de casi un millón de trabajadores". Así, criticó que las políticas activas de empleo, pese a tener 6.000 millones de presupuesto, sólo colocan a uno de cada 100 parados, según la Airef.

FIJOS DISCONTÍNUOS

Propuso "conocer la situación real" haciendo público el número de fijos discontinuos inactivos, y trazar una Estrategia Nacional de Formación con las comunidades autónomas y tener una Conferencia de Presidentes específica sobre el tema. Además, sugirió crear una plataforma nacional de obligada adhesión con todas las vacantes laborales para "casar adecuadamente oferta y demanda".

Por último, defendió que "el deber de un Gobierno responsable es acompañar a los inversores, no hostigarles, no ahuyentarles", y denunció que "la inversión extranjera se ha desplomado un 74% en el segundo trimestre de 2023 respecto al mismo trimestre del año anterior".

Para evitarlo, propuso crear una Oficina de Proyectos Industriales Estratégicos y un fondo de inversión para consolidar el crecimiento de start-ups, "la reducción temporal de las cotizaciones para paliar la subida de los costes laborales; una desgravación fiscal para las nuevas inversiones, especialmente para la adaptación al cambio climático, a la digitalización y para inversiones de innovación; una fiscalidad para los grandes patrimonios que nos acerque al resto de Europa y no atente contra las competencias económicas, y, sobre todo, seguridad jurídica.

Finalmente, se comprometió a "aprobar en el seno del Diálogo Social, en el primer año de legislatura, un calendario de subida del Salario Mínimo Interprofesional, con criterios objetivos, para alcanzar el 60 % del salario medio, tal y como hemos comprometido a la Unión Europea".

Y, "atendiendo las recomendaciones del Tercer Sector" de centrarse en las familias con más dificultades, que "son la prioridad", se comprometió con carácter inmediato a "reducir el IRPF a las rentas bajas y medias, con ingresos de hasta 40.000 euros, para compensar la carga adicional que la inflación ha provocado en este impuesto", "extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, pescado y conservas", y, "hasta que no se controlen los precios, mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación: el tipo reducido del IVA de electricidad y de gas, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la gratuidad del transporte público", pero ponderando "de acuerdo con la renta de los usuarios del transporte público".

Por último, propuso acordar con las entidades financieras que "los recursos que destinan al impuesto de la banca se inyecten automáticamente a las familias que no pueden afrontar la subida hipotecaria".