Así se establece en el plan bautizado como ‘Propuestas para un pacto energético que proteja a familia y empresas para la recuperación de la economía española’, que fue explicado en rueda de prensa por el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. El documento se desgrana en ocho epígrafes, más de 50 apartados y “múltiples propuestas” bajo una portada sobria en la que aparece el escudo de España y no hay rastro de los logotipos del PP.

Una de las principales medidas de la propuesta de Feijóo es la concesión de rebajas directas sobre el recibo de la luz a aquellos consumidores que cumplan ciertos objetivos de ahorro energético. Esta petición va en línea con las orientaciones que la Unión Europea ha dado a los Estados miembro para confeccionar sus planes de reducción de consumo: apostar por las recomendaciones y evitar las obligaciones a los ciudadanos.

En esa dirección ha querido ir Génova, que criticó con dureza el primer decreto de ahorro energético del Gobierno –incluso se planteó recurrirlo ante el Tribunal Constitucional– por establecer "imposiciones" al sector privado.

Para Feijóo, no hay debate: las medidas de obligado cumplimiento se deben limitar a las entidades y administraciones públicas, que en “la mayoría de los casos” son los mayores consumidores en los distintos territorios que vertebran España.

Por contra, los populares piden al Gobierno en su documento aprobar "recomendaciones" para los consumidores domésticos y pymes, y que vayan aparejadas de rebajas directas en el recibo de la luz para fomentar un ahorro energético voluntario por parte de los españoles sin “raciocinios”.

Estos descuentos se dividirían en tres tramos: el primero sería del 5% en la factura de la luz y del 10% en la del gas para aquellos consumidores que reduzcan su consumo entre un 3% y un 6,9%.

Para los que moderen su gasto energético entre un 7% y un 14,9%, la rebaja “directa” se elevaría al 10% en el recibo de la luz y al 20% en la del gas. Por último, quienes reduzcan el gasto en más de un 15% se beneficiarían con descuentos de un 20% en la luz y un 40% en el gas. Las familias receptoras del bono social también recibirían estas ayudas.

Estas rebajas se llevarían a cabo entre noviembre y marzo. Los populares estiman, en base a los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), que esta medida tendría un coste para las arcas del Estado de 2.900 millones de euros. No obstante, Bravo avanzó que están "abiertos" a modificar los porcentajes o aplicar un umbral de renta máximo para beneficiarse de estas rebajas.

ELECTROINTENSIVAS Y SECTOR PÚBLICO

Por otro lado, las grandes empresas no podrían beneficiarse de estas rebajas, aunque el plan del PP dedica un capítulo aparte para las electrointensivas. En él, aboga por establecer una serie de “garantías” a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que estas compañías puedan negociar con más volumen en el mercado de futuros para conseguir “menores precios” gracias a su "menor volatilidad".

Asimismo, fuentes del PP se inclinaron por apostar en el sector industrial por contratos de compraventa de energía (PPA) y se mostraron a favor de planes de ayudas como el de Alemania, que ha destinado 27.500 millones a las grandes compañías electrointensivas.

En paralelo, Bravo opinó que las administraciones y entidades públicas deben “dar ejemplo” y llevar a cabo una serie de medidas para lograr que España cumpla el objetivo de moderar su consumo energético en un 7%.

Entre ellas, habló de elaborar planes de eficiencia energética, centralizar la compra de energía, modernizar las infraestructuras de refrigeración y calefacción, apostar por el autoconsumo y establecer criterios de sostenibilidad medioambiental en la contratación del Estado.

REFORMA DEL MERCADO

Por otro lado, el partido liderado por Feijóo expresa en el documento su voluntad de llevar a cabo una reforma del mercado mayorista de la electricidad para lograr “un efecto directo” sobre la factura de la luz. Esta modificación se debería acometer con “una posición común” en toda Europa y estaría orientada a “pactar” un precio máximo al coste de la energía nuclear, hidráulica y renovables.

Este tope se centraría así en las tecnologías inframarginales y buscaría limitar el beneficio de estas tecnologías para abaratar de forma directa la factura de la luz. En este sentido, fuentes procedentes de Génova insistieron a Servimedia que esta medida se tendría que llevar a cabo en toda Europa, para eludir una posible desinversión en España y evitar que el Estado financie la energía producida en el territorio nacional a terceros países como pasa con la excepción ibérica y el gas con Francia.

Por último, los populares proponen una suspensión temporal de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) con la intención también de abaratar el recibo de la luz. Fuentes del PP recordaron que el objetivo de este mecanismo es fomentar el uso de renovables, un hecho que ya se produce con la actual escalada del precio de la luz, que ha generado mayores beneficios para dichas compañías.

“Lo que hay que cuidar por encima de cualquier criterio es las personas, la industria y el empleo”, resumen en Génova, que aseguran que su compromiso con las renovables es firme, pero que insisten en que su implantación no es suficiente para hacer frente a la crisis energética. Por ello, señalaron, se debe “desburocratizar” la inversión en fuentes limpias.

FISCALIDAD, ENERGÍA NUCLEAR Y AIREF

En términos de fiscalidad, la propuesta más innovadora del plan recoge “simplificar” todos los impuestos sobre la energía “en una misma figura”. Desde el PP explicaron que esta medida ayudaría a llevar a cabo actuaciones para abaratar la factura de la luz con más precisión.

El documento también hace efectiva la apuesta de Feijóo con la energía nuclear y térmica, defendiendo utilizar todas las tecnologías “disponibles” para reducir la dependencia del gas. Para ello, se extendería la vida útil de las nucleares más allá de 2027 y se reabrirían las térmicas desmanteladas. A su vez, los populares rechazan la posibilidad de abrir nuevas plantas.

Por último, el plan energético del PP recoge la creación de una “sección” energética dentro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para que este organismo pueda hacer “estudios independientes” sobre este campo y “despolitizar” la energía. Para ello, los populares proponen modificar los estatutos del organismo o aprobar una ley que le dote de estas competencias.

Desde el PP explicaron que esta nueva sección llevaría a cabo un trabajo distinto al que ejerce en la actualidad la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o Red Eléctrica de España, centrándose así en “el debate técnico”.

COLABORACIÓN DE EXMINISTROS

La propuesta final, que se remitirá esta tarde al Gobierno, ha sido confeccionada "durante semanas” junto a las aportaciones de exministros de Energía, agentes del sector y “especialistas” en la materia a través de la Oficina del Presidente, un órgano "discreto" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creó para canalizar las aportaciones ideológicas de personas ajenas a la política activa.

La propuesta final -que busca imponer “la tecnología” sobre “la ideología”- establece las recetas que el PP considera que se deben llevar a cabo para cumplir con el objetivo fijado por Bruselas para moderar el consumo de energía en un 7% y combatir la escalada de precios que han experimentado las facturas de la luz de familias y empresas, y que han batido todos los registros históricos.

“No hay crítica. Nuestra posición hacia el Gobierno es de propuesta para llegar a acuerdos”, señalaron fuentes del equipo de Feijóo, que supeditaron la viabilidad de sus medidas a “que cuenten con el visto bueno de Europa”.