Así se recoge en la ‘Declaración de Zaragoza’, un documento de seis páginas que sienta las bases de la propuesta que Feijóo se compromete a sacar adelante en caso de ser presidente del Gobierno. El escrito cuenta con la firma de los 11 presidentes autonómicos del PP –Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Baleares, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Cantabria–, así como del vicepresidente de Canarias y los presidentes de Ceuta y Melilla.

El texto enumera casi una veintena de principios, pero no contiene las cifras que integrarán el sistema que quiere aprobar Feijóo, que es el verdadero desafío de la reforma. El jefe de la oposición ha optado por aplazar ese ejercicio hasta su hipotética llegada a La Moncloa porque, según se justifican en su equipo, no cuenta con la información suficiente como para desgranar números.

La realidad es que la reforma es peliaguda por los intereses contrapuestos de los territorios. Por ejemplo, Madrid y Comunidad Valenciana coinciden con Cataluña en que las variables poblacionales, como la sanidad o la educación, tengan un mayor peso en el nuevo cálculo de la población ajustada, que es la referencia para el reparto de la mayor parte de los recursos públicos. Pero se oponen a la ordinalidad que Baleares sí ve con buenos ojos.

En las antípodas de estos planteamientos se encuentran los firmantes de la ‘Declaración de Santiago’, un pacto liderado por el propio Feijóo en 2021, cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Al mismo se adhirieron Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Cantabria y La Rioja, que entonces estaban gobernadas en su mayoría por el PSOE.

POBLACIÓN AJUSTADA, EL RETO

El desafío es poner a todas las comunidades de acuerdo para que “todos ganen mucho y pierdan algo” en el cálculo de la población ajustada. Esta variable se emplea como referencia para el reparto de la mayor parte de los recursos del sistema de financiación, al representar las necesidades de gasto de las comunidades en función de sus circunstancias demográficas, sociales o geográficas.

Ahora mismo se articula en torno a la sanidad (38%), la población (30%), la educación (20,5%) y el envejecimiento (8,5%). Además, incorpora una serie de variables “correctivas” como la superficie en kilómetros cuadrados (1,8%), la dispersión calculada en número de administraciones singulares (0,6%) y la insularidad, es decir, la distancia a la península en kilómetros ponderados (0,6%).

En el documento firmado este domingo por todos los líderes del PP, Feijóo se compromete a dedicar “una atención especial” a la sanidad porque supone “más del 40% del presupuesto”. Ahora bien, aunque se compromete a primarla, no aclara cuánto y en detrimento de qué. Fuentes populares sí hablan de crear un grupo de trabajo específico para prever su impacto sobre las finanzas autonómicas.

Por otro lado, los barones del PP reconocen “la existencia de distintas variables a tener en cuenta para poder elaborar un sistema justo”. Aunque como sucede con la sanidad, no cuantifica los baremos. Entre las novedades, se encuentra el incremento poblacional, la orografía, la baja densidad, los desempleados o el coste de la vida.

“Todas las particularidades deben ser tenidas en cuenta porque no hacerlo, o hacerlo parcialmente, ahonda en un modelo de privilegios que no vamos a aceptar”, reza el texto. Algunas de ellas, como la despoblación, fueron desechadas por el Ministerio de Hacienda tras escuchar las reivindicaciones de las comunidades.

INFORME “INDEPENDIENTE”

El PP aboga además por incorporar “los costes fijos de prestación de servicios derivados de obligaciones impuestas por el Gobierno”. Y, al respecto de esto último, apuesta por fijar de forma “clara y transparente” las competencias asumidas por el Estado, las Comunidades y los ayuntamientos para eliminar “duplicidades y triplicidades” y, del mismo modo, “establecer la financiación necesaria que permita la igualdad en la prestación de los servicios públicos fundamentales en términos homogéneos en calidad y alcance, atendiendo a sus incrementos de coste”.

La hoja de ruta de Feijóo es convocar a una Conferencia de Presidentes “monográfica" al mes de llegar a La Moncloa para empezar de cero una nueva propuesta que sería trabajada por los técnicos tras un informe “independiente”, que culminaría en una reforma definitiva en los siguientes 365 días. Hasta entonces, ve “necesario” crear un “fondo transitorio” para paliar “la infrafinanciación que padecen todas las comunidades”, y “un verdadero y eficaz fondo complementario de nivelación financiado con recursos del Estado hasta que se renueve el sistema”.

Por otro lado, ve “imprescindible reconocer una excepción específica” para la Comunidad Valenciana como consecuencia de la dana y reformar el modelo autonómico “en paralelo” a la revisión de la financiación de las corporaciones locales.

El PP afirma en el documento que todas las comunidades autónomas reciben menos fondos de los que les corresponden, aunque advierte de que no se puede “confundir infrafinanciación con gasto superfluo”, en una alusión directa a lo que ha hecho el “separatismo” en Cataluña.