Los populares renovarán su compromiso por un sistema negociado en un marco multilateral con el que “todos ganen mucho y pierdan algo”. Pero las fuentes consultadas por Servimedia avanzan que todavía no se presentará ninguna alternativa con cifras y baremos, como les reclama la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los barones del PP se limitarán a “actualizar” la declaración que firmaron en septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid, contra las “cesiones” al separatismo catalán y en pro de un sistema acordado entre todas las comunidades y basado en la “solidaridad” interterritorial. El valenciano Juanfran Pérez Llorca, que lleva 47 días en el cargo, no participó entonces en aquella firma.

El texto que ultima el PP se ha ido avanzando en los últimos días y se rematará este domingo por la mañana en el World Trade Center de Zaragoza, donde Feijóo ha convocado a todos sus barones.

Es probable que las partes acuerden además la hoja de ruta a seguir ante la previsible tramitación de la propuesta de Montero, que ya ha ofrecido reuniones bilaterales a las comunidades para tratar los aspectos técnicos. En la declaración de 2024, los presidentes del PP condenaron esta “artimaña” y se comprometieron “a no romper la multilateralidad en ningún supuesto”.

La foto de familia de este domingo será la continuidad de la bronca reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado miércoles, donde todas las comunidades, salvo Cataluña, se opusieron a la propuesta de Montero. “Corrupción de Estado”, “sistema precocinado” con el independentismo o “sistema de castas” fueron algunos de los apelativos que los consejeros del PP dedicaron a la propuesta, a cuya oposición se sumaron Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en una primera aproximación a la propuesta, denunció que existen “parches arbitrarios hechos a la medida para beneficiar a determinados territorios”, en alusión a Cataluña, que ganaría 507 euros de financiación por habitante ajustado y se colocaría solo por detrás de Baleares, del PP, en el índice de financiación efectiva, según el mismo estudio.

Este es uno de los melones que las comunidades del PP se verán obligadas a abrir si Montero materializa su órdago: decidir si se acogen o no al nuevo sistema. La ministra ya les trasladó que, al igual que en las anteriores reformas, la adhesión es voluntaria. No obstante, en caso de negarse, no recibirán ninguna “compensación”.

El PP intenta poner el foco en que la propuesta no tiene una mayoría en el Congreso ante las reticencias de Junts, Podemos, BNG y algunos partidos de Sumar y, por ende, no se aprobará. Pero si el Gobierno ata sus apoyos, las autonomías del PP tendrán que posicionarse, especialmente Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, que son las más infrafinanciadas.

“Pretenden que traguemos con que seamos los españoles peor financiados a que seamos los terceros peor financiados… Para eso que no cuenten con nosotros”, anticipó el presidente murciano, Fernando López Miras, tras la cumbre del miércoles. Otras regiones, en cambio, han optado por el perfil bajo.

En este contexto, Feijóo hará patente este domingo su promesa de reformar el sistema al año de llegar a La Moncloa, y suscribirá con sus barones que la propuesta sea consensuada entre todas las comunidades autónomas. Además, según avanzó el sábado en Huesca, deberá calcularse “en base al coste efectivo” y recoger variantes como la construcción de viviendas o la despoblación. Esta última es una reclamación de Aragón, que hará de anfitrión de la cumbre a solo tres semanas de las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

Sin embargo, los populares no entrarán ni en las cifras ni en los baremos porque, según las fuentes consultadas, no disponen de la información suficiente como para diseñar un modelo alternativo. La realidad es que esta reforma es peliaguda por los intereses contrapuestos de los territorios. Por ejemplo, Madrid y Comunidad Valenciana coinciden con Cataluña en que las variables poblacionales, como la sanidad o la educación, tengan un mayor peso en el nuevo cálculo de la población ajustada, que es la referencia para el reparto de la mayor parte de los recursos públicos.

En las antípodas de estos planteamientos se encuentran los firmantes de la ‘Declaración de Santiago’, un pacto liderado por el propio Feijóo en 2021, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, y al que se sumaron Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Cantabria y La Rioja.

A pesar de las distintas sensibilidades, Feijóo ve posible acordar un nuevo modelo “entre todos” que sea “justo y duradero” y en el que “todos ganen mucho y pierdan algo”, según fuentes populares. La fórmula pasa por garantizar la “infrafinanciación cero”, pero el dilema es cómo calcularla.