Así lo manifestó la presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, ante los medios de comunicación después de extender una lona frente al Congreso para pedir a los diputados que voten a favor del citado pacto de Estado contra los discursos de odio.

Iglesias reivindicó el papel histórico de España como país pionero en derechos Lgtbi+ -con avances como el matrimonio igualitario o las leyes trans-, celebró el liderazgo en el ranking ‘Mapa Arcoíris 2026’ de ILGA-Europe y dijo que “no es casualidad”. Sin embargo, subrayó que “ya no basta con presumir de país”.

Iglesias incidió en que este liderazgo llega en un contexto de creciente amenaza, con un “clima de crispación que no para de crecer”, recordando que “más de la mitad de las personas Lgtbi+ ha sufrido un incidente de odio”, lo cual supone “cifras alarmantes”.

Por eso, la Felgtbi+, CCOO y otras entidades sociales como la Fundación Secretariado Gitano o la Asociación de Familias y Juventud Trans Chrysalis, cuyos representantes estuvieron también presentes en la exposición de la lona, reclamaron que España pase “de ser un muro de contención a una ola de igualdad y diversidad”.

Iglesias señaló que el pacto de Estado contra el odio debe contar con financiación, mecanismos de seguimiento y medidas efectivas en ámbitos como el laboral, sanitario y digital para mejorar la atención a las personas del colectivo, con especial atención al impacto de redes sociales, algoritmos e inteligencia artificial (IA).

El borrador del pacto que reclaman está aún en trámite parlamentario. Después de realizar un informe de conclusiones sobre el pacto, los grupos parlamentarios se están reuniendo periódicamente -hace 15 días tuvieron la última reunión- en el seno de la subcomisión de Igualdad del Congreso para redactar el texto definitivo del pacto.

La próxima reunión de los grupos políticos de esa subcomisión será el próximo 20 de mayo. Una vez esté hecho el texto definitivo del pacto, se votará en la Comisión de Igualdad y, si sale adelante, se llevará al Pleno de la Cámara Baja.

Iglesias incidió en la necesidad de concienciar a quienes “tienen voz y voto” para que aprueben este pacto porque ya existe un “consenso social” sobre ello. Este acto de exposición de una lona reivindicativa se enmarca en su campaña ‘Spain Needs to be different’,

EMPLEO E INFANCIA

Por su lado, la adjunta a la Secretaría Confederal de Mujeres Igualdad de CCOO, Diana García, subrayó ante los medios de comunicación la urgencia de actuar en el entorno laboral, al considerar que el empleo es clave para garantizar la autonomía de las personas Lgtbi+.

Además, advirtió de la necesidad de combatir la discriminación en los centros de trabajo para que la gente pueda “ir al trabajo sin armarios y vivir con total normalidad”, recordando también que esos espacios son el segundo lugar donde más odio se produce contra las personas Lgtbi+.

Asimismo, García insistió en que el pacto debe incluir medidas concretas para facilitar el acceso al empleo, especialmente para las personas trans, que enfrentan mayores barreras. En este sentido, pidió que el acuerdo “venga dotado de presupuesto para que sea realmente efectivo”.

En su caso, Crysalis alertó del impacto directo de los discursos de odio en las familias con menores trans. Su representante, Vanessa Alonso, dijo que estos mensajes trascienden el debate político y afectan a la vida diaria: “Estos discursos afectan a vidas”. También denunció que la creciente visibilidad de la infancia trans ha venido acompañada de un “foco muy negativo” alimentado por discursos legitimados en la política, los medios y las redes sociales.

Alonso señaló que esta situación tiene consecuencias reales, como el aumento de la violencia en escuelas o el “regreso al armario” de menores por miedo. No es un “documento a firmar, estamos hablando de vidas reales de niños”, dijo. Por ello, pidió garantizar la seguridad y derechos de la infancia trans.

Por otra parte, el representante de la Fundación Secretariado Gitano, Javier Sáez, apoyó el pacto de Estado contra los discursos de odio, advirtiendo de que son la “antesala de discriminaciones y delitos de odio”.

Así, subrayó que el antigitanismo sigue muy extendido en redes y medios y que la población gitana es uno de los colectivos que más odio recibe, lo que hace necesario un enfoque transversal. Aunque la fundación no detecta un aumento claro de la discriminación hacia los gitanos, sí destacó una mayor “conciencia y respuesta” del propio colectivo, especialmente de jóvenes en redes, que impulsan contra-narrativas para mejorar su representación.