La iniciativa también expone que actualmente hay 11 países en los que pertenecer al colectivo está penado con pena de muerte y otros 25 en los que está castigado con penas que van desde los diez años a la cadena perpetua.

Por ello, reclamó que los organismos competentes no elijan como sedes de sus grandes eventos a “países donde no se respeten los derechos humanos”, ya que, como atestiguó el coordinador de su Grupo de Internacional, Rubén López, con la elección de Catar “se han eliminado los valores del deporte y se ha pisoteado la dignidad de las personas Lgtbi+ en aras de la codicia, puesto que se ha vendido por dinero el espíritu deportivo”.