Según explicó la Felgtbi+, este instrumento, largamente reclamado por la entidad y otras organizaciones de derechos humanos, es “hoy más necesario que nunca ante el aumento alarmante de agresiones, discriminaciones y vulneraciones” de derechos que se están produciendo en un clima “social y político cada vez más polarizado”.

La presidenta de la Federación Estatal Lgtbi+, Paula Iglesias, resaltó que los discursos de odio “no son marginales” y se “han institucionalizado, amplificándose desde parlamentos, platós de televisión, medios de comunicación tradicionales y redes sociales”. Asimismo, sostuvo que, en muchos casos, son “promovidos desde las tribunas, lo que legitima la discriminación y la violencia contra personas y colectivos históricamente vulnerabilizados”.

Iglesias añadió que, “lejos de ser opiniones amparadas por la libertad de expresión”, estos discursos “niegan derechos, deshumanizan, estigmatizan y allanan el camino para las agresiones físicas, el acoso, el 'bullying', las exclusiones laborales, la violencia sexual y la negación del acceso a servicios básicos”.

La Felgtbi+ recodó que, según datos del informe ‘Estado del Odio: Estado Lgtbi+ 2025’, elaborado por la propia entidad con datos de 40dB, más de 800.000 personas Lgtbi+ fueron agredidas física o verbalmente en el último año y más de 1,2 millones fueron discriminadas en su acceso al empleo, la sanidad, la vivienda o la educación.

Esta violencia se “agudiza aún más cuando las personas Lgtbi+ se cruzan con otras formas de discriminación”. Personas migrantes, racializadas, con discapacidad, en situación de sinhogarismo o solicitantes de asilo viven crudamente la intersección del odio, con una doble o triple exposición a la violencia. “No se trata solo de discursos, sino de las consecuencias devastadoras que tienen sobre la salud mental, la libertad, la seguridad y la vida misma de miles de personas”, subrayó Iglesias.

Según datos del informe del Ministerio del Interior sobre delitos de odio en 2024, más del 40% de estos delitos estuvieron motivados por la orientación sexual y/o la identidad de género percibidas sobre la víctima. Además, estas cifras están infrarrepresentadas, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo, desconfianza institucional o falta de recursos. Por eso, desde la Felgtbi+ insistieron en la necesidad de un pacto de Estado que actúe de forma transversal.