Según informó la organización, la carta fue dirigida al Consejo Superior de Deportes (CSD) y al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, junto a las citadas autonomías.

La iniciativa, compatible con la demanda de derogación de las leyes de autodeterminación del sexo o leyes trans, se apoya en la reciente publicación de la ’Guía de salud de la mujer deportista’, elaborada por Educación y el CSD.

Este es un documento oficial que reconoce que la biología femenina influye de forma determinante en el rendimiento deportivo, la salud y el riesgo de lesiones, y que existen diferencias fisiológicas y biomecánicas entre hombres y mujeres que tienen impacto directo en la competición deportiva.

Desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres señalaron que estas evidencias, recogidas en un documento institucional del Gobierno, deben traducirse en políticas públicas “coherentes”, especialmente cuando están “en juego” derechos conquistados por las mujeres, como el “acceso a competiciones deportivas en condiciones de igualdad y seguridad”.

La organización feminista subrayó que “reconocer las diferencias sexuales no es discriminación, sino una condición necesaria para garantizar la igualdad real”. El deporte femenino existe precisamente para “corregir una desigualdad estructural basada en el sexo”.

Asimismo, la entidad advirtió de que permitir la participación de personas de sexo masculino en categorías femeninas no amplía derechos, sino que “introduce desigualdades materiales, compromete el principio de juego limpio y puede afectar a la seguridad y a las oportunidades deportivas de mujeres”.

Según la guía del CSD, “responde a un compromiso ético: garantizar el derecho de las deportistas a una práctica segura y equitativa”. En este contexto, la organización pidió también “responsabilidad y coherencia” a las fuerzas políticas con capacidad de gobierno, señalando de manera expresa al Partido Popular en las autonomías donde gobierna.

La Alianza recordó que el PP defendió en varias iniciativas la protección de las categorías deportivas femeninas, sin que en paralelo haya iniciado procesos para la reforma legislativa en las comunidades donde gobierna, y considera que existe “margen político y jurídico” para actuar ya desde el ámbito autonómico, sin esperar a reformas estatales.