Según indicó en una entrevista en Cope, esta imposición “atenta contra la autonomía local y la capacidad de los consistorios a la hora de decidir lo que cobran a sus vecinos por los servicios que presta”.

De esta forma, subrayó que “desde la FEMP, con todos los grupos políticos presentes en la junta de gobierno -incluido el PSOE-, ya pedimos al presidente del Gobierno que retirase esta tasa y buscase otras alternativas”, dado que la Comisión Europea hablaba de establecer una tasa solo como una posibilidad, no como una obligación, precisó García-Pelayo.

Asimismo, lamentó que cada ayuntamiento esté aplicando criterios distintos, porque “la realidad de los 8.132 municipios es diferente y cada uno está haciendo lo que puede, dado que el Gobierno no se ha ocupado de establecer un baremo”.

En este sentido, indicó que algunos ayuntamientos pueden establecer medidas que amortigüen la subida, pero “los que estamos intervenidos por el Ministerio de Hacienda no tenemos ese margen”.

Por otra parte, la alcaldesa de Jerez criticó que esta tasa agravará aún más el problema de la vivienda, porque supondrá una subida de los alquileres. “Es una tasa injusta, mal valorada y sin criterios comunes”, aseveró, porque incluso “va a generar un aluvión de recursos que, a su vez, si prosperan, obligará a un buen número de desembolsos”.