Según Fernández Ordóñez, el Gobierno se encuentra ante el dilema de tener que condenar la violación de derechos humanos, por un lado, y mantener al mismo tiempo unas relaciones comerciales que proporcionan 125.000 millones de pesetas de ingresos a las empresas españolas.

En la actualidad, Cuba recibede España sólo 100 millones de pesetas, "una cooperación muy modesta", dijo el ministro, habiendo sido congelados los créditos de ayuda al desarrollo del país caribeño en 1988, año en que comenzaron a enturbiarse las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

Aún así, comentó Francisco Fernández Ordóñez a una pregunta del diputado del PP Javier Rupérez, es "mucha" la presión que ejercen sobre el Gobierno las empresas españolas que se benefician de la relación comercial con Cuba, "el tercer cliente d España en todo el mundo", recordó.

A su juicio, la defensa enérgica de los derechos humanos respetando el principio de no injerencia debe conjugarse con el mantenimiento de esa cooperación, porque si España no presta esa cooperación lo harán países como Italia o Francia, que están esperando el momento propicio para ganar terreno en el mercado cubano.