Los naturalistas explican en una nota de prensa que cada abandono también supone “un impacto sobre el gasto público, estimando que cada perro o gato puede conllevar un desembolso de alrededor de 300 euros en conceptos como la propia recogida, atención veterinaria y manutención hasta lograr una adopción posterior”.

Gran parte del coste “público” del abandono, explican, lo asumen las administraciones locales y provinciales, aunque las entidades protectoras y refugios también gestionan “cientos de casos al año, estando en no pocos casos en contextos de saturación”. “Resulta imposible rescatar a más animales mientras el porcentaje de adopción cae”, advierten.

Así, señalan que la responsabilidad “debe ser compartida”, por un lado, las familias “no deben mostrar a los pequeños de la casa que un animal es equiparable a un juguete, que conlleva una responsabilidad de cuidados y gastos como su alimentación y atención veterinaria”, y por otro, los poderes públicos “deben esforzarse en sus campañas de sensibilización”.

FFW advierte que muy pocos consistorios, diputaciones y ejecutivos autonómicos han puesto en marcha campañas durante estas particulares fechas, por lo que la compraventa “se ha multiplicado a través de nuevos métodos como grupos o canales de aplicaciones móviles y redes sociales”.

Todo ello a pesar de que la Ley de Protección Animal estatal y algunas normas autonómicas, como la catalana, la valenciana o la gallega, añaden, establecen requisitos de control para vender un animal en medios como Internet. “Ni el Apalpador, el Olentzero, Papá Noel o los Reyes Magos deberían llevar animales como regalos durante este calendario tan especial”, concluyen.