La declaración añade que al Partido Socialista se le ha hecho "pagar un precio enorme, sin que se haya tenido en cuenta que el PSOE jamás ha estado incriminado como tal en el proceso que con esta sntencia ha concluido".

En este sentido, la ejecutiva socialista considera que "ha padecido una acusación permanente caracterizada por la hipocresía de quienes la han promovido, que una vez más han instrumentalizado la justicia al servicio de sus intereses partidistas".

La declaración recuerda también que el PSOE asumió en su día la responsabilidad política por los hechos objeto de esta sentencia, "mediante la dimisión de todos sus cargos orgánicos y de representación popular de quien fue responsale de Finanzas del partido en la época en que los hechos ocurrieron (en alusión a Guillermo Galeote), pese a que, como se ha visto en el proceso, ni siquiera ha llegado a ser juzgado por los mismos".

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