Un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asegura que "nuestro ordenamiento jurídico punitivo no contiene sede legal alguna (...) en la que se establezca un turno de alegaciones sobre suspensión de ejecución de sentencia"

Por lo tanto, vuelve a insitir en que el tribunal, por imperativo legal, debe ejecutar lo juzgado. Además apuntan que, hasta el momento, ninguno de los condenados ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, institución que tiene la absoluta y exclusiva competencia para suspender la ejecución de la pena.

La Sala Segunda del Supremo ya rechazó una petición idéntica realizada por los abogados de Ruiz Mateos la pasada semana, alegando que "será el tribunal como órgano que dictó a sentencia quien decida el momento procesal de su ejecución".