La rebaja soclicitada por el fiscal está fundamentada, entre otros argumentos, en la escasa repulsa social, "enormemente atenuada", en el sentido de que las actuaciones juzgadas llegaron a verse con normalidad en personas que incluso intervinieron en l aprobación de la ley. Anteriormente, había solicitado diez años de prisión para el alcalde y entre 1 y 5 meses para cada uno de los braceros inculpados.

El fiscal, Gonzalo Ruiz, dijo hoy en la vista oral que "estos procesos no son juicios a un pueblo sino un llamamiento al cumplimiento de la ley".

El representante del ministerio público, que alabó el comportamiento de los acusados durante las diferentes sesiones, manifestó que es la ley la que marca el camino para obtener un beneficio, por lo qu el supuesto fraude es "atentatorio de los principios de solidaridad y justicia social para con los verdaderos destinatarios". "Lo que iba para unos lo han aprovechado otros", dijo Ruiz.

Sin embargo, el abogado del principal acusado dijo que "ni un solo parado de Padul habría cobrado el subsidio agrario sin las peonadas de favor firmadas por el alcalde" y que fueron reconocidas por este en una anterior sesión.

Por su parte, el abogado del Estado, como acusación particular, salió al paso de las deuncias del ex alcalde paduleño que aseguraba que las autoridades provinciales conocían y toleraban la firma de jornadas falsas en los pueblos.

Al proceso que se sigue contra el alcalde y los jornaleros sólo le resta el informe de siete letrados que se producirá el próximo día 14 de febrero. El Ayuntamiento de El Padul podría ser declarado responsable civil subsidiario por lo que tendría que hacer frente a las posibles indemnizaciones y deudas.