Lucas Álvarez sustituyó al fiscal Julián Salto y es el representante del Ministerio Público en las dos causas que tiene abiertas el empresario: la relativa al fraude a Hacienda por la que ya ha sido procesado y una segunda por dos delitos de corrupción.

Según declaró en el juicio, mantuvo las negociaciones para la conformidad con González Amador, con la propuesta de cuatro meses de prisión y el 40% de la multa. Una negociación que finalmente se frustró, según aseguró, por las acusaciones populares, que se negaban a ello.

Confirmó, por tanto, que la información difundida por la Fiscalía General sobre González Amador no frustró la conformidad que comenzó a negociar su predecesor, Julián Salto. Y dijo que quedó descartado el acuerdo cuando la acusación popular en dichas causas, que ejercen el PSOE y Más Madrid, solicitó nuevas diligencias de investigación.