García Ortiz está a un paso de sentarse en el banquillo en el mes de noviembre por la filtración de un correo electrónico en el que el abogado de González Amador, Carlos Neira, reconocía el fraude fiscal y ofrecía un pacto a la Fiscalía.

El contenido de ese mail se difundió en medios de comunicación en la noche del 13 de marzo. Hasta entonces, Díaz Ayuso aseguraba que todo era una operación de Estado contra su novio. Previamente, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, había difundido en un chat en el había decenas de periodista el dato de que era la Fiscalía la que buscaba un acuerdo.

La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, asegura en su escrito que el correo del abogado, de 2 de febrero de 2024, pudo ser visto por varias de personas que tenían acceso al correo genérico de la Fiscalía al que fue remitido, insiste en que no hay pruebas de que el fiscal general entregara la información a ningún periodista y destaca que han sido varios los informadores los que han confirmado en fase de instrucción que tenían la información con anterioridad.

Entiende García Ortiz que el propio envío del correo a una dirección genérica de la Fiscallia y a la Abogacía del Estado rompió la “confidencialidad” de su contenido. Algo que se repitió cunado Miguel Ángel Rodríguez difundió un correo del fiscal Julián Salto, encargado de la investigación, que difundió a decenas de periodistas con el objetivo de “desviar el foco” de González Amador y acusar a la Fiscalía de tener objetivos “políticos” en este caso, ofreciendo una versión de los hechos que la Abogacía califica de “bulo”.

Así, dice el escrito, Miguel Ángel Rodríguez “diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir un relato alternativo” en el que incluso se llegó a cuestionar la “honestidad” de la fiscal provincial de Madrid, que también fue investigada y para la que se ha decretado el archivo de las actuaciones.

El escrito pone en valor el papel de Miguel Ángel Ramírez y los testimonios de los periodistas que aseguraron ante el instructor que tenían conocimiento de la existencia de esas negociaciones nates de que García Ortiz tuvieran los documentos, y que no fueron tenidos en cuenta por el magistrado.

Fue a partir de ese momento, cuando el fiscal general tomó cartas en el asunto y decidió pedir la información del caso al fiscal Julián Salto y hacer público un comunicado para contrarrestar la “campaña de desinformación”. Ese comunicado se difundió al día siguiente con el objetivo de dar cuenta de un asunto con “posible transcendencia pública”.

Los medios de comunicación trataron a partir de ese momento de confirmar la información y varios lo hicieron sin que García Ortiz hablara con ninguno de ellos. Finalmente, el escrito descarta que el comunicado de la Fiscalía suponga un delito de revelación de secretos, dado que “todos los datos que se incluyeron en la nota eran ciertos y necesarios para desmentir las imputaciones de actuación irregular” y que ya habían sido publicados en medios de comunicación, y por tanto, eran conocidos.