El jefe del Ministerio Público justificó su decisión asegurando que en este caso hay "una actuación desleal" que se pone de manifiesto en la misma formulación de la querella, que omite "un dato fundamental" y es que "el correo se mandó a otra persona de otra institución ajena al proceso".

García Ortiz mencionó la ocultación por la acusación particular del hecho de que el correo de 2 de febrero lo envió no solo al fiscal, sino también a un abogado del Estado. Recordó igualmente que uno de los correos fue filtrado a un medio de comunicación tras ser entregado a un tercero (el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez) para “hacer un uso político del mismo”.