Durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía del año 2022 en la Apertura del Año Judicial, García Ortiz recordó que “estamos a las puertas de una nueva legislatura” y es momento “de plantear cambios, retos y proyectos”.

“No sabemos qué nos deparará el futuro, pero estoy seguro de que quien asuma la responsabilidad del Gobierno de España tendrá entre sus objetivos afrontar una reforma sustancial de la justicia en nuestro país”, aseguró.

Una reforma, dijo, “en muchos aspectos y niveles, con visión de Estado, con proyecto de país, con altura de miras. Dando paso al futuro sin dar la espalda al pasado, integradora con Europa y, dentro de España, con cada uno de los lugares, territorios o espacios donde la palabra justicia tiene cabida”.

Entre todas esas reformas, García Ortiz se centró en el cambio de modelo procesal, con el fiscal como director de la investigación penal señalando que cuarenta años después de que el legislador definiera el modelo propuesto por la Constitución para la configuración del Ministerio Fiscal en España, la Fiscalía está “abierta a cambios y a asumir nuevos retos y responsabilidades”.

“No nos inquieta cambiar o mejorar las garantías de imparcialidad de la institución, de los fiscales o del fiscal general”, indicó, pero toda reforma debe ser “pausada y meditada, acorde con nuestro modelo constitucional y destinada, como no podría ser de otra forma, a mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una España plural y democrática”

LEGALIDAD E IMPARCIALIDAD

El fiscal general del Estado abogó en su discurso por separar las críticas a su gestión de las que se vierten contra la carrera fiscal y garantizó que la ciudadanía “puede estar tranquila” porque todas las decisiones del Ministerio Público están sometidas a “filtros y controles” e inspiradas por los principios de “legalidad e imparcialidad”.

García Ortiz, que fue fuertemente criticado tras su designación por considerarlo afín a su predecesora, Dolores Delgado, insistió en que “los ataques a la figura del fiscal general del Estado no deben, no deberían, contagiar a la propia carrera. Pues, aun siendo el principio de unidad de actuación lo que justifica la jerarquía, no hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y, me atrevería a decir, que de consenso”.

“Puede estar tranquila la ciudadanía”, añadió, porque la acción de la Fiscalía, “discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones y a garantías en nuestra actuación individual”. Por lo tanto, dijo, “no nos escondemos, asumimos la crítica propia de quien se responsabiliza de sus decisiones, de quien ejerce su oficio y de quien somete su criterio a la decisión de los tribunales”.

García Ortiz aseguró que los principios rectores de la Fiscalía son, por un lado, “la legalidad e imparcialidad y, por otro, la unidad de actuación y la dependencia jerárquica”. Esta última, reconoció, ha provocado en ocasiones “reticencias” y ha sido “utilizada para sembrar dudas injustificadas sobre ella”.

“Puedo afirmar", añadió, "que ello supone desconocer el funcionamiento mismo de la institución y, en especial, la responsabilidad y el trabajo diario de las y los fiscales de este país. La dependencia jerárquica no debe estar sino al servicio de la unidad de actuación, y ambos principios al servicio de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley en cualquier parte del territorio del Estado”. Por tanto, concluyó que la jerarquía no es “un fin en sí misma”, sino un instrumento para la racionalidad jurídica, la eficiencia organizativa y la unificación de criterios”.

En este acto, el fiscal general presentó la Memoria anual de la institución que dirige. Asistieron el presidente del Consejo General del Poder Judicial, por suplencia, el vocal Vicente Guilarte, y otros miembros del órgano de gobierno de los jueces; los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los magistrados de este órgano judicial; así como los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales.

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop; la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.