La carta ha sido remitida a toda la carrera fiscal, pero responde a la misiva que le enviaron los ficales del caso Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, en la que le pedían un pronunciamiento de la institución sobre la ley de amnistía.

García Ortiz se pronuncia así sobre la petición ante de que se celebre el Consejo Fiscal extraordinario que forzaron los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, de perfil conservador, que pretende un pronunciamiento sobre la ley.

Los cuatro fiscales del ‘procés’ pedían al fiscal general del Estado “amparo institucional” y una valoración pública de la institución en la línea de la declaración aprobada por el por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las asociaciones de jueces, que contara con el respaldo del Consejo Fiscal. Su pretensión es condenar la idea de ‘lawfare’ o persecución judicial contra la oposición política, que en un primer momento se filtró al conocerse el acuerdo entre el PSOE y Junts, pero que no aparece en el texto de la ley.

García Ortiz explica en su carta que “cualquier posicionamiento del ministerio público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Catalunya en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que regula una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el BOE”.

Añade que “el posicionamiento, en todo caso técnico-jurídico, de la Fiscalía española se realizará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en que se demanda nuestra intervención. En consecuencia, el fiscal general ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del ministerio fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados”.

Insiste la carta en que “la observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el ministerio fiscal, en ocasiones desarrollados en las más difíciles condiciones, aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional” que los fiscales tienen encomendado.

La misiva concluye asegurando que el propio fiscal general "es la mejor garantía de nuestro quehacer diario" y garantiza que “velará siempre por la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones deocráticas".