García Ortiz hizo esta consideración en la Comisión de Justicia del Congreso, ante la que compareció para que los diputados opinaran su idoneidad, algo que exige la ley al haberle propuesto el Gobierno para continuar como responsable de la Fiscalía.

En su intervención, el fiscal general se refirió al dictamen que la mayoría del CGPJ aprobó el pasado 30 de noviembre, en la que no se le consideraba idóneo para seguir en el cargo. Estos vocales alegaban, como elemento fundamental, la sentencia del Tribunal Supremo que ha estimado parcialmente un recurso contra la promoción a fiscal de Sala de Dolores Delgado, responsable de Derechos Humanos y Memoria Democrática dentro del Ministerio Público.

A este respecto, García Ortiz señaló que la mayoría del CGPJ, al aprobar este dictamen, se atribuyó una “función de fiscalización” del fiscal general “como si se tratara de un órgano jerárquicamente superior”, cuando solo debe pronunciarse sobre el mérito y capacidad del candidato.

“CLARA INJERENCIA”

Según el fiscal general, que se esgrima contra él la sentencia del Supremo sobre el ascenso de Delgado supone excederse en las competencias del Consejo. “Ni los jueces ni su órgano de gobierno”, afirmó, “eligen en España a los fiscales. No es ese nuestro modelo legal ni constitucional. Nuestra autonomía se predica tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial”.

Añadió que los vocales que le cuestionan actuaron como un “tribunal de honor”, sin darle “ningún tipo de audiencia”. Sostuvo que la mayoría del Consejo no le permitió hacer “alegaciones” ni pronunciarse sobre las dudas manifestadas a su reelección para el cargo.

Por otra parte, sobre la eventual citación de jueces y fiscales en las llamadas comisiones de investigación del ‘lawfare’, constituidas en el Congreso, García Ortiz señaló que ni sus subordinados ni los magistrados tienen ninguna “responsabilidad política”, puesto que es un concepto que no existe en la legislación española.

Indicó que las leyes impiden que las comisiones parlamentarias se dediquen a “revisar” sentencias y procedimientos judiciales. Tampoco pueden atribuir “responsabilidad” a jueces y fiscales sobre su actuación en procedimientos como el ‘procés’.

Al mismo tiempo, García Ortiz se refirió a que ha defendido a sus subordinados que han podido recibir ataques y que sería una “temeridad” que se posicionase sobre la ley de amnistía, ya que es un asunto sobre el que la Fiscalía deberá pronunciarse en distintas causas.

“CONFLICTO INSTITUCIONAL”

Respecto a los portavoces, el diputado del PP Fernando de Rosa echó en cara a García Ortiz su reproche a la mayoría del CGPJ y afirmó que con su descalificación de esos vocales había entrado en un “conflicto institucional” que le hacía no idóneo para seguir en el cargo.

A su vez, Javier Ortega Smith, de Vox, estimó que el actual responsable del Ministerio Público ha demostrado ser “un fiscal al servicio del proyecto” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También le acusó de no haber defendido a los fiscales de los ataques de Junts y ERC y de haber demostrado, incluso, “sintonía” con estos partidos.

Por parte del PSOE, Joaquín Martínez defendió a García Ortiz y acusó al PP de que, cuando no gobierna, tiene la “obsesión” de usar al fiscal general “como instrumento de contienda política”.

En nombre de Sumar, Enrique Santiago pidió al fiscal general que cree una sección de “defensa de los derechos de los trabajadores” y que incida en el respaldo en los tribunales a quienes sufren accidentes de trabajo.

Asimismo, Jon Iñarritu, de EH Bildu, aseguró que García Ortiz no debía preocuparse del dictamen contra él del CGPJ, puesto que fue realizado por vocales que están en funciones y que habría que “cesarlos” con un cambio legal para que se fueran a manifestarse “a Ferraz”, en referencia a las protestas en la sede central de los socialistas en Madrid.