En su escrito de calificación, el fiscal asegura que Arguinzoniz fue captado para la organización terrorista en agosto de 2006 por el dirigente de ETA Garikoitz Aspiazu, alias "Txeroki".

En octubre de 2006, siguiendo órdenes de la dirección de la banda, Arguinzoniz ocultó en su domicilio de Elorrio (Vizcaya) a los etarras Garikoitz Etxeberria y Saioa Sánchez, a quienes ayudó en sus desplazamientos y compras.

El 22 de diciembre de ese año, Sánchez llamó al acusado para advertirle de que debía huir a Francia porque en Amorebieta les habían sorprendido dejando dinero, material explosivo y herramientas.

Durante su estancia en Francia, Arguinzoniz y Sánchez recibieron un cursillo de armas y explosivos, según sostiene el fiscal Carballo.

El 29 de junio de 2007, el acusado, junto con el etarra conocido como "Sorgin", cuya identidad se desconoce, mantuvieron una reunión con "Txeroki" en la localidad francesa de Garazi.

LISTA DE OBJETIVOS

El encuentro sirvió para que el por entonces jefe de comandos de ETA les entregara una lista con objetivos contra los que atentar en Cantabria. Entre los objetivos destacan los juzgados de Santander, la Comisaría de Policía de la Plaza Porticada, la sede central de Telefónica y la Plaza del Ayuntamiento.

Al terminar la reunión, "Txeroki" entregó a Arguinzoniz una pistola y le indicó que debía recoger en la localidad de Usansolo (Vizcaya) 50 kilos de explosivo amonal, una pala, un taladro, destornilladores y teléfonos móviles.

El 30 de junio, el acusado y "Sorgin" cruzaron la frontera en bicicleta y, posteriormente, se desplazaron hasta la localidad cántabra de Laredo. Tras recoger los materiales almacenados en Usansolo, los dos etarras se dirigieron a Santander, ciudad en la que llegaron a hacer las primeras comprobaciones de objetivos para llevar a cabo un atentado.

Arguinzoniz fue detenido el 10 de julio de 2007 en la estación de autobuses de Santander. En su mochila, los agentes encontraron la pistola entregada por "Txeroki", varios cartuchos, un temporizador con el anagrama de ETA y numerosa documentación falsa.

El fiscal pide 21 años de cárcel para el acusado al considerarlo autor de los delitos de pertenencia a ETA, tenencia ilícita de explosivos con finalidad terrorista, falsificación de documentos oficiales y tenencia ilícita de armas.