Entre los once acusados en el juicio figuran el ex director general del Juego de la Junta de Andalucía Manuel Cortés y el ex delegado de la consejería de Gobernación en Sevilla Francisco Morillo. Elfiscal pide para cada uno de ellos dos años de prisión por un delito de falsedad, y otros nueve de inhabilitación especial.

El tribunal trata, entre otras cosas, de delimitar las responsabilidades por la concesión irregular de licencias de tragaperras antes de que un cambio legislativo liberalizase su comercio, lo que multiplicó hasta cinco veces su cotización.

Uno de los inculpados, Manuel Alejandro Mora, compró 300 licencias meses antes del cambio de normativa, en enero de 1988, pese a que en ss almacenes sólo tenía espacio para unas 30. El resto las vendió, según el sumario, por cinco veces su valor.

El abogado defensor de otro de los acusados, el empresario José Rosas, solicitó la suspensión del juicio y el envío del sumario a la Audiencia Nacional, por considerar que la Audiencia de Sevilla carece de competencias para juzgar a los inculpados. El fiscal rechazó los argumentos de la defensa, al entender que la competencia de la Audiencia Nacional debe ser interpretada con carácter restrictvo para no vulnerar el principio de igualdad.

Este escándalo estuvo a punto de salpicar a Juan Guerra, que no comparece en el juicio ni como inculpado ni como testigo, al no haber prosperado la acusación de inducción a la prevaricación que se le imputaba.

Entre los 73 testigos que declaran figuran además el ex consejero de Gobernación de la Junta en ese año, Enrique Linde, hoy parlamentario autonómico y dirigente guerrista malagueño, y el ex viceconsejero regional Antonio María Claret, líder guerista granadino.

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores, que ejerce la acusación junto con el Gobierno de Andalucía, justificó hoy las penas solicitadas al señalar que las personas inculpadas supieron con antelación que la legislación sobre tragaperras iba a ser cambiada, por lo que, a su juicio, adquirieron "de forma totalmente irregular" licencias de máquinas que luego derivaron en un "buen negocio económico".

El fiscal, que no opinó sobre la retirada de la acusaión particular por parte del Partido Andalucista, Izquierda Unida y Ruiz Mateos, acusadores habituales en el "caso Guerra", resaltó que no es bueno para el procedimiento penal que haya sido "zarandeado por los avatares políticos". A su juicio, la presencia o no de Juan Guerra en la vista oral no tiene por qué condicionar su celebración.