Así lo indica la fiscal Márquez en una nota hecha pública hoy, en la que hace estas puntualizaciones "ante las interpretaciones equívocas a que han dado lugar las declaraciones del fiscal don Ignacio Gordillo en relación con la propuesta de sanciones a los fiscales de la Audiencia Naciona".

En su nota, la fiscal Márquez manifiesta que "acato la decisión del fiscal general del Estado, sin perjuicio de acudir a los recursos que la ley me ofrece" ya que, a su juicio, "no cabe otra postura en quien ha dedicado toda su vida profesional a defender la ley".

Asimismo, la fiscal agradece en su nota "la solidaridad de los compañeros de la Audiencia Nacional y de los 89 funcionarios de la misma", quienes el pasado viernes suscribieron un escrtio en el que calificaban de "injusta y desproporionada" la sanción propuesta para la fiscal y pedían a la ministra de Justicia que no la aplicase.

La fiscal agrega que "precisamente esa solidaridad me obliga a pedirles que, al margen de la decisión del Gobierno en este asunto, continúen en sus destinos sirviendo como hasta ahora a la Justicia y a España como Estado de derecho".

El pasado viernes, tras conocerse la propuesta de traslado forzoso para la fiscal Márquez, el fiscal Gordillo anunció que tanto él como Pedro Rubira y Eduardo Fungairiñ estaban dispuestos a pedir sus traslados de la Audiencia Nacional en la primera convocatoria de plazas que hubiera y señaló que no se trataba de una medida de presión sino de un acto de solidaridad con la primera, que justificó además en la falta de apoyo con que cuentan de la carrera fiscal.

El teniente fiscal Fungairiño señalaba poco después que no tenía tomada una decisión al respecto aunque indicó que habría motivos para pedir su traslado voluntario.