En concreto, el fiscal gnacio Gordillo ha recibido la notificación de la sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo que el fiscal general le ha impuesto por la presunta utilización de alumnos en prácticas para elaborar informes sobre causas abiertas.

Por su parte, el teniente fiscal Eduardo Fungairiño y la fiscal María Dolores Márquez disponen asímismo de la comunicación de la multa de 50.000 pesetas fijada por Ortiz Urculo por haber ocultado un informe al juez que instruye el atentado de ETA contra Aznar, mientras ue el fiscal Pedro Rubira también tiene la comunicación oficial de la imposición de otra multa por la misma cuantía también por la presunta utilización de alumnos en prácticas.

Sin embargo, según las mismas fuentes, las sanciones no se harán efectivas por el momento, dado que los 4 expedientados disponen ahora de un mes de plazo para interponer el correspondiente recurso de alzada ante el Ministerio de Justicia contra la sanción, lo que probablemente hagan todos ellos.

Por otra parte, el fiscal gneral todavía no ha elevado a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, su propuesta de que la fiscal Márquez sea trasladada forzosamente de la Audiencia Nacional por sus enfrentamientos con jueces y magistrados de ese tribunal.

Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, la remisión de la propuesta de traslado de la fiscal Márquez a la ministra de Justicia está pendiente de que el Consejo Fiscal ratifique el acta de la reunión que celebró la pasada semana en la que dió su visto buenoa dicha sanción.

Este trámite, de acuerdo con las mismas fuentes, no estará finalizado probablemente hasta la próxima semana, a pesar de que el fiscal general está tratanto de agilizarlo al máximo.

En relación con esta última sanción, el fiscal Gordillo insistió hoy en que tanto él como sus compañeros Fungairiño y Rubira tienen el derecho a solicitar volutariamente otro destino en el caso de que la sanción de traslado forzoso contra la fiscal Márquez se lleve a efecto.

Gordillo, que hizo ests declaraciones durante la presentación de un libro en Madrid, insitió en que ese traslado voluntario es un derecho del que disponen "porque hay personas que piensan que 17 años en una fiscalía son muchos años y a lo mejor por motivos muy personales cambiaríamos".

No obstante, el fiscal, que dijo hablar a título personal, destacó que de pedir ese traslado, "nunca lo haríamos por presionar ni por otro interés", sino que, agregó, "es una opción personal" similar a la que disponen los periodistas para cabiar de medio de comunicación.