Ambos consideran que el Alto Tribunal debió de aplicar la amnistía y critican la interpretación que hizo el Supremo de la norma de gracia con el objetivo de evitar su aplicación al delito de malversación y actuando de manera "irrazonable y arbitraria".

Fiscalía y Abogacía del Estado indican que lo que pretendía el legislador era perdonar los delitos relacionados con el ‘procés’, incluyendo el de malversación salvo los casos en los que se demuestre enriquecimiento personal, algo que no se produjo en el caso de Puigdemont, según su tesis.

La decisión del Constitucional está también pendiente de lo que acuerde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles. Se espera que el fallo se haga público a lo largo del mes de marzo. El abogado general del TJUE defendió el pasado mes de noviembre que "en un contexto real de reconciliación política y social" y sin “vínculo" entre los gastos del ‘procés’ y un perjuicio a las finanzas europeas, la amnistía se podría aplicar.

Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional podrá comenzar a deliberar sobre el recurso, cuya aplicación, en última instancia, corresponde acordar al Tribunal Supremo.