La fiscal Raquel de Miguel Morante sostuvo la acusación previamente formulada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra los máximos responsables y las sociedades implicadas en una trama de fraude en el IVA en los sectores de la comercialización de hidrocarburos con destino a gasolineras en todo el territorio nacional y de productos electrónicos e informáticos, por un monto de más de 30 millones de euros