La nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la guerra civil y la dictadura franquista.

Con este nuevo marco normativo y el análisis de la jurisprudencia nacional e internacional y de los Tratados y Convenios internacionales, la Fiscalía concluye que no procede la inadmisión de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento.

El Ministerio Fiscal recuerda en su informe la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas, puesto que son "principios articuladores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como de la propia Ley de Memoria Democrática”.