El Ministerio Público tomó la decisión después de que la Sección de Criminalidad Informática descartara la existencia de los delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos tras realizar una "auditoría técnica". La Junta de Andalucía aseguraba que las dificultades de acceso a la información se debió a la “saturación de los servidores por exceso de demanda” y negó que hubiera borrado alguno o alteración de los historiales clínicos.

En un comunicado, la Fiscalía explica que las investigaciones iniciadas en octubre tras las denuncias de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama Sevilla) y la Asociación El Defensor del Paciente se han cerrado, descartando que las dificultades de acceso a pruebas diagnósticas a través de ClicSalud+ y del sistema Diraya tuvieran relación con "un borrado intencionado o a un acceso ilícito" a la base de datos.

Según los análisis realizados la interrupción del servicio de acceso a las pruebas observada en octubre fue provocada por una avalancha de solicitudes que saturaron el módulo denominado 'Visor para la ciudadanía'. La Fiscalía dice que el incidente tuvo "un impacto exclusivamente operativo" en la visualización externa, “sin afectar a la integridad, autenticidad o trazabilidad de los registros clínicos alojados en los servidores centrales".

Según la auditoría, "no se han producido modificaciones, supresiones ni accesos no autorizados en sus expedientes médicos". Además, los registros de seguridad certifican que la información permanece "íntegra y coincidente" con los protocolos asistenciales".