Las pesquisas se concentran en la actuación del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, que se encuentra en prisión preventiva, y que podría haberlos firmado a cambio de regalos o dinero como responsable del Proyecto de Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (GAR-SI Sahel), un proyecto financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp).

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha decidido enviar esta parte de la causa a la Fiscalía Europea, que había reclamado su competencia al involucrar fondos europeos.

El empresario José Antonio Suárez había conseguido supuestamente tres de esos cuatro contratos para suministro de equipamiento para el Proyecto GARSI-Sahel. Uno de ellos, firmado en 2020 para Mauritania y Níger, y el tercero, de un año más tarde, para Malí.

El auto en el que la magistrada remite las actuaciones a la Fiscalía Europea indica que esos contratos “podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega por el empresario beneficiado de dádivas, regalos o pagos al General de Brigada de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, en su condición de responsable director del Proyecto GAR-SI Sahel”.

De este modo, la juez decide “la remisión de la causa con testimonio íntegro de las actuaciones relativas al general retirado, a los cuatro contratos del Sahel y al empresario José Antonio Suárez para su conocimiento e instrucción” a la Fiscalía Europea. En su declaración en sede judicial, el general Espinosa negó haber tenido un trato de favor hacia Suárez o haberle favorecido de alguna manera para que consiguiera los contratos.