Así lo anunció en un comunicado en el que anuncia la apertura de diligencias tras recibir “una denuncia de un particular” y llevar a cabo “diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados”.

En total, la Fiscalía Europea investigará tres posibles delitos tras recopilar información de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la Unión Europea.

La decisión de abrir una investigación se adoptó, por tanto, de acuerdo con la información recabada para comprobar si estas administraciones incurrieron en los delitos de “malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea”.

Este organismo comunitario es el encargado de “investigar, perseguir y juzgar los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea”, por lo que “siempre que exista la sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando al presupuesto de la Unión Europea, tanto en sus ingresos como en sus gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, tienen la obligación legal de denunciarlo sin demora a la Fiscalía Europea”.

Según el comunicado enviado este lunes, la Fiscalía Europea “valora minuciosamente si los hechos denunciados podrían constituir un delito de su competencia y si la información presentada es suficiente para justificar la apertura de una investigación”.

El Gobierno de Baleares, presidido en aquel momento por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, cargó un contrato de mascarillas por 3,7 millones de euros con empresas relacionadas con Koldo García, a las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Por su parte, el Gobierno de Canarias del socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, también cargó a la Unión Europea una partida de mascarillas suministradas por Soluciones de Gestión SL, que no cumplían con los requisitos de calidad. Esta compra también se cargó a los fondos europeos.