El objetivo sería investigar la posible comisión de un delito de malversación de los fondos europeos destinados a la compra de material sanitario para enfrentar la pandemia de coronavirus.

La Fiscalía Europea sospecha que en esos contratos pudo producirse un fraude a los presupuestos de la UE y una malversación de fondos comunitarios del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para la compra de material sanitario.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha remitido un informe a la Fiscalía General del Estado en el que sostiene que los hechos que está investigando tienen un ámbito estrictamente nacional y rechaza el envió de las pesquisas a la Fiscalía Europea, por lo que queda en manos de Dolores Delgado resolver el conflicto de competencias, tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala.

Entiende el fiscal Anticorrupción que en los hechos que investiga no hay “en absoluto” indicios de la comisión de un delito de malversación de fondos públicos europeos, pero tampoco nacionales, puesto que la compra de realizó de manera efectiva y el material adquirido llegó al sistema sanitario madrileño, por lo que no hubo desvió de fondos a un fin diferente al que tenía asignado. Rechaza también la existencia de un delito de fraude a los presupuestos comunitarios puesto que las partidas se dedicaron a la compra del material sanitario que en ese momento era necesario.

Así las cosas, Anticorrupción apuesta por conservar para sí la investigación de estos hechos que tienen un ámbito nacional y que tratan de dilucidar si hubo tráfico de influencias y cohecho. Cuando finalicen las pesquisas, la Fiscalía deberá decidir si hay material inculpatorio suficiente para presentar una querella o no.

Según Luzón, los posibles delitos se deben investigar en España y lo contrario sería “una dejación de funciones” del ministerio público que deber esclarecer si hubo comportamientos corruptos, que no afectaron en ningún caso a los fondos comunitarios.

Tras elevar este conflicto de competencias a la Fiscalía General del Estado, Delgado ha convocado ya la Junta de Fiscales para el próximo lunes, día 28 de abril, para escuchar la postura de la cúpula de la carrera fiscal, compuesta por una treintena de miembros.

La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto llamar a declarar a Tomás Díaz Ayuso por la contratación de la empresa Priviet Sportive, para proporcionar 250.000 mascarillas en Madrid durante la primera oleada la pandemia de Covid-19.

Además, ya habría solicitado informe a la Intervención General de la Administración del Estado para comprobar si ha habido alguna irregularidad y también se han requerido las facturas bancarias y los pagos realizados tanto a la Comunidad de Madrid como a la empresa adjudicataria y a hermano de la presidenta que actuó como intermediario.

Tomás Díaz Ayuso, tal y como ha reconocido la Comunidad de Madrid, recibió 283.000 euros de la empresa Priviet Sportive en cuatro plazos. Pero solo uno de ellos, que asciende a 55.850 euros, corresponde al contrato de las mascarillas.