Tribunales

La Fiscalía exige al Gobierno que reclame reparación a 250 entidades y personas que extrajeron agua subterránea de Doñana

MADRID
SERVIMEDIA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha formalizado una demanda contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para que ejerza su competencia en materia de responsabilidad medioambiental, y acuerde medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación, sobre los 250 particulares y entidades identificados por la Unidad Central del Seprona de la Guardia Civil como causantes de extracción ilegal y masiva de aguas subterráneas afectantes al espacio natural de Doñana.

El Ministerio Público ha impugnado ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la resolución de la Secretaría de Estado de 29 de octubre de 2025, por la que se acuerda “inadmitir la solicitud de inicio de procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños a las aguas continentales (superficiales y subterráneas) que afectan al espacio protegido de Doñana y la adopción de medidas de prevención y reparación medioambiental”.

La impugnación formulada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional se basaba en que este tribunal no es “el órgano competente para ello por no tratarse daños exclusivos del Dominio Público Hidráulico sino que involucran a ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general y, en especial, a todo el espacio de Doñana cuya protección y gestión corresponde a la Junta de Andalucía”.

El número de responsables identificados que, durante los años 2022 y 2023, realizaron extracciones ilegales de agua subterránea asciende a un total de 250, de los que 198 corresponden a la provincia de Huelva, 51 a Sevilla y una a Cádiz.

La ausencia de la adopción de medidas efectivas para evitar y reparar el daño medioambiental sobre las aguas afectantes al espacio natural de Doñana ha motivado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya declarado la responsabilidad del Reino de España por incumplimiento del derecho de la UE (sentencia del TJUE, Sala Primera, de 24 de junio de 2021, asunto C-559/19).

La exigencia de responsabilidad medioambiental concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo (artículo 45 de la Constitución); que, en cuanto principio rector de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (art. 53.3 de la Constitución). Las actuaciones se tramitan por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

(SERVIMEDIA)
06 Mar 2026
SGR/clc