El Ministerio Público ya ha pedido información sobre planes de prevención, la dotación de medios humanos y materiales tanto a la Junta de Castilla y León como al Seprona de la Guardia Civil.

Según la denuncia, el presidente autonómico podría haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación por omisión, contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros relacionados con la inacción y la actuación insuficiente de la administración autonómica.

Bierzo Aire Limpio defiende que el Gobierno autonómico “contaba con toda la información para anticiparse, pero optó por no reforzar el operativo, a pesar de los antecedentes” y asegura que tras anteriores catástrofes no se reforzó el operativo antiincendios ni se aumentaron los recursos para luchar contra ellos.