Así lo comunicó este martes el Ministerio Público a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) en un escrito al que tuvo acceso Servimedia. Responde así a la denuncia presentada por la entidad ciudadana el pasado 22 de junio por presuntos delitos contra los recursos naturales y la fauna silvestre.

Un mes antes, el 22 de mayo, la Comunidad de Madrid aprobó una autorización para prorrogar por 30 años la concesión minera de Tolsa en el entorno de las Lagunas de Ambroz para la extracción de sepiolita.

La compañía inició los “trabajos de acondicionamiento y apertura de un camino perimetral para preparar la explotación minera, con entrada de maquinaria pesada y movimientos de tierra en el perímetro de la Laguna Grande”. Según la denuncia, estas actuaciones afectan de manera directa a la reproducción de la avifauna silvestre de la zona, en plena época de cría de varias especies.

“La apertura de caminos, el desbroce, el pisoteo de maquinaria y los movimientos de tierras pueden provocar la destrucción directa de nidos, huevos o pollos, así como el abandono de puestas”, de aves como la collalba gris, el escribano triguero, la cogujada común y la curruca cabecinegra, indica la Fravm en su denuncia. Asimismo, apuntan que se pueden ver afectadas otras especies como el conejo de campo, reptiles e invertebrados.

VIBRACIONES Y RUIDOS

Señalan también que las vibraciones, ruidos y movimientos de maquinaria pesada impactan de manera directa sobre la importante colonia de avión zapador que habita en los taludes de la laguna. Se trata de una especie protegida catalogada por la Comunidad de Madrid como amenazada. Además, pueden verse afectadas especies acuáticas que anidan en la lámina de agua o en las orillas de la laguna, como el somormujo lavanco, el zampullín común, la focha común, la gallineta común y el ánade azulón.

En su escrito, la Fravm solicita la adopción de medidas cautelares para paralizar los trabajos. La federación recuerda que el pasado 27 de junio una cadena humana rodeó la Laguna Grande de Ambroz para defender este espacio natural y protestar contra la autorización administrativa concedida a Tolsa.

Además, denunció los hechos ante el Seprona y presentó un recurso de alzada ante la Dirección General de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid. Según la organización vecinal, la actividad minera podría comprometer de forma irreversible la existencia del paraje renaturalizado.