En declaraciones difundidas por el partido, Maestre señaló que la investigación judicial de la Fiscalía de Medio Ambiente representa "un primer paso muy necesario para que se investigue con rigor" los hechos que están denunciando.

Maestre explicó que el Partido Popular "ha autorizado una prórroga minera en el año 2026, en plena capital del país, a pocos centenares de metros de barrios y de viviendas". La portavoz criticó que esta prórroga se basó en "informes desactualizados que no tiene en cuenta ni la biodiversidad que se ha desarrollado allí en las últimas dos décadas, ni tampoco la calidad de vida de los vecinos que viven allí cerca, cuya vida va a verse muy afectada por la apertura de una mina a cielo abierto".

La dirigente de Más Madrid alertó que la mina "puede acabar con la biodiversidad que se ha desarrollado allí durante las últimas décadas". Detalló que, "desde el inicio de las obras, hemos visto cómo se vacía la laguna, cómo se destruyen nidos y cómo se pone en riesgo este ecosistema que costaría años recuperar si es que se puede recuperar".

Además, indicó que la decisión de la Fiscalía de investigar "confirma que esto no es una rabieta de partido, sino que hay indicios suficientes para que la justicia determine si ha habido responsabilidades tanto de la empresa como de quienes autorizan la prórroga por parte de la Comunidad de Madrid". En esa línea, pidió la paralización de cualquier actividad en esa zona de forma cautelar para que no se cause un daño irreparable a la biodiversidad en la zona.

Finalmente, la portavoz instó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a "explicar por qué han elegido una mina de sepiolita antes que proteger a los vecinos de Madrid y uno de los mayores tesoros naturales que hay en la ciudad de Madrid".

La denuncia de Más Madrid se remonta a principios de junio cuando la empresa Tolsa inició trabajos prerliminares para adecuar el terreno de cara al reinicio de la explotación minera. Esta actuación se produjo después de que la Comunidad de Madrid concediera, el 22 de mayo de 2026, una prórroga de la concesión minera después de 20 años sin actividad en este lugar.

La denuncia subraya que la falta de actividad minera durante los últimos veinte años originó el surgimiento de un enclave natural de gran biodiversidad, inventariada en un informe de 2020-2022. Según Más Madrid, este paraje de 512 hectáreas, que estaba previsto para incluirse en el proyecto del Bosque Metropolitano, alberga más de 1.800 especies, incluyendo 156 de aves, 13 de mamíferos y especies protegidas como el búho real, el águila real, el insecto saga pedo (en peligro de extinción) y la principal colonia de avión zapador de la ciudad, catalogada como vulnerable.