Vercher recuerda en su oficio que el 2022 fue uno de los peores desde que se tiene registro respecto a los efectos de los incendios forestales. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Cambio Demográfico, aportados por las comunidades autónomas, la superficie forestal afectada (267.939,64 hectáreas) casi triplicó la media de los últimos 10 años (94.249,00 ha).

Por otra parte, el número de grandes incendios forestales (los que superan las 500 hectáreas), fue casi tres veces superior. Mientras que en 2022 fueron 57 las hectáreas quemadas de media en cada uno de esos grandes incendios, la media de los últimos 10 años se sitúa en 21.

En el primer trimestre de 2023 ya se han producido 2.408 siniestros, dos de ellos grandes incendios con una superficie afectada, que no incluye el Principado de Asturias, de más de 41.000 hectáreas.

La prevención de estos incendios, por tanto, es una prioridad para la Fiscalía, por lo que el Fiscal Coordinador reclama un mayor compromiso de todas las autoridades con competencia en la materia ya que el aumento gradual de las temperaturas y el menor volumen de precipitaciones con carácter general hacen preciso extremar la vigilancia y las precauciones al respecto.

Como en años anteriores, los fiscales vigilarán que los ayuntamientos en cuyo término municipal exista superficie forestal dispongan de los Planes de Prevención de Incendios correspondientes. También realizarán labores de control de los supuestos regulados para las comunidades autónomas, especialmente en los aspectos relativos a quemas ilegales de rastrojos, así como casos de grandes incendios.

Se pretende que los fiscales dispongan de la información precisa para que puedan hacerse una composición de tiempo y lugar sobre estos siniestros y puedan coordinar la actuación de las instituciones competentes.

Además, el fiscal recuerda que sigue vigente la iniciativa del Ministerio Público de indicar a las Administraciones, propietarios y empresas titulares de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas e incluso campamentos situados en zonas forestales la obligación de adoptar las medidas de prevención oportunas ya que se trata de lugares con alto riesgo de incendio forestal.