La Fiscalía entiende que "no existen indicios de la comisión de delito alguno", sin perjuicio de que se pueda hacer un análisis concreto de la orden autonómica que autoriza a Tordesillas a celebrar el Toro de la Vega, adaptando las bases de esta fiesta popular al reglamento de la comunidad que prohíbe dar muerte al animal.

Según el Ministerio Público el análisis sobre ese cumplimiento correspondería a la jurisdicción contencioso-administrativa y no a la Fiscalía. En consecuencia, el fiscal Vercher archiva las diligencias preprocesales que se abrieron después de que la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, solicitaran este al Ministerio Público que paralizara la convocatoria del Toro de la Vega.

Los citados miembros del Gobierno pidieron la suspensión cautelar del festejo el pasado jueves alegando que aunque hace ya años que está prohibido dar muerte al toro, la celebración de este festejo "podría derivar en un delito de maltrato animal".

La Fiscalía de Medio Ambiente ya se había pronunciado en el mismo sentido en peticiones similares en los años 2007 y 2015. El motivo es que hay una normativa autonómica que regula esta celebración y que permite el lanceo del toro siempre que no se le dé muerte.