Según el Ministerio Público, las operaciones de compra se suscribieron por un importe de 22,9 millones de euros, de los que alrededor de 10 millones se habrían ido en comisiones. Están investigados el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el exconsejero en el Cabildo de Gran Canaria Lucas Bravo de Laguna.

En un comunicado hecho público por la Fiscalía se indica que las pesquisas se iniciaron tras la presentación de una denuncia por la Dependencia Regional de Inspección de Canarias de la Agencia Tributaria, que observó una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.

La querella ya ha sido admitida a trámite por el juez, que asegura en su auto que los hechos son “inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda preciarse serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación”.

Según la Fiscalía, las adjudicatarias de los contratos fueron las mercantiles Damco Trading Services, SA y Tanoja Services, SL, ambas con domicilio fiscal en Madrid, que fueron adjudicatarias de contratos de suministro de material sanitario destinados a hospitales firmados por el Servicio Canario de Salud (SCS).