El representante del Ministerio Público, según informa en un comunicado, le imputa un delito continuado de maltrato animal y le aplica la agravante prevista en el artículo 22.4ª del Código Penal consistente en cometer el delito por razones de género.

Según la Fiscalía, entre los meses de abril y julio de 2020 el acusado residía con su pareja sentimental en Madrid. Durante ese espacio de tiempo, “y con la finalidad de causarle daño a ésta”, procedió a agredir y golpear en repetidas ocasiones a la perra de la joven.

La Fiscalía sostiene que sobre el 1 de abril de 2020, el acusado propinó a la perra golpes en la cabeza, con un objeto no determinado, causándole en la frente dos orificios inciso contusos que penetraban en la piel, y que requirieron tratamiento veterinario mediante la aplicación de dos grapas de sutura, así como la administración de tratamiento farmacológico durante 8 días, yla extracción posterior, en fecha 8 de abril de 2020, de 3 ml de seroma acumulado en la herida.

Sobre el 2 de junio de 2020, el acusado propinó golpes a la perra ocasionándole una inflamación en la extremidad posterior izquierda de la que recibió asistencia veterinaria el día posterior.

Finalmente, el día 1 de julio de 2020 el acusado golpeó a la perra ocasionándole que entrara en parada cardiorespiratoria, por lo que él mismo la llevó de urgencia a una clínica veterinaria donde se procedió de inmediato a efectuar maniobras de reanimación, a intubar al animal, pero no se pudo evitar su fallecimiento.

En ese momento, según recuerda la Fiscalía, el animal presentaba un hematoma de color morado oscuro en el cartílago de la parte interna de la oreja izquierda, y dos enrojecimientos bajo el párpado inferior izquierdo. El informe de necropsia efectuado a continuación estableció como diagnóstico que la causa final de la muerte fue un shock hipovolémico debido a la rotura del hígado.

Como consecuencia de estos hechos, la pareja del acusado tuvo que abonar 56,50 euros al Hospital Clínico Veterinario Complutense-UCM por la realización de la necropsia, y 235 euros a Cremascota, S.L., por la recogida y gestión del cadáver. En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama al acusado una indemnización de 56,50 euros por los gastos de necropsia, 235 euros por los gastos de recogida y gestión del cadáver y otros 3.000 euros por daños morales.