El Ministerio Público responde así a la petición que le hizo la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) y pide la inadmisión y el archivo de la querella de Gisbert, que representa a una de las acusaciones particulares en la causa.

El abogado se querelló contra ambos magistrados por los presuntos delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión el deber de perseguir determinados delitos.

Según el escrito de la Fiscalía, el “análisis detallado de los hechos objeto de querella, así como el estudio jurisprudencial de cada uno de los delitos por los que se formula esta” sólo permiten solicitar el archivo.

La querella recogía que Jorge Martínez, el marido de la jueza de la dana, tomó declaración a varios testigos en la causa. También denunciaba que el juez estuviera presente en declaraciones como la del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. La Fiscalía entiende que no son cuestiones de suficiente gravedad como para admitir la querella.

Aparte de esta querella, los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso también presentaron dos quejas abiertas ante el Consejo General del Poder Judicial contra la jueza que están pendientes de resolución, por la presencia del marido de la magistrada en varios interrogatorios.