En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía indica que los hechos que se le atribuye a García Ortiz “no son constitutivos de delito alguno”, por lo que pide al Tribunal Supremo “la libre absolución” del fiscal general.

Considera el Ministerio Público “ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto Torres y el letrado Carlos Neira Herrera”.

Insiste el escrito en que la información que contenían los correos electrónicos entre ambos “ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general adquiriese conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía”. En esos correos, el abogado de Alberto González Amador reconocía la comisión de dos delitos fiscales y proponía al fiscal un acuerdo.

La Fiscalía del Supremo desgrana los hechos siguiendo su línea temporal. Así indica que el 13 de marzo de 2024 el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, informó a decenas de periodistas participantes en un chat de Whatapp que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador y esa posibilidad se había rechazado por “ordenes de arriba”. Detalla además, el momento en que varios medios de comunicación fueron difundiendo esa información.

La pareja de Díaz Ayuso está a las puertas de sentarse en el banquillo después de la que la juez le procesara el pasado mes de mayo procesarle por dos presuntos delitos fiscales por 350.951 euros. Por su parte, el fiscal general también espera ir a juicio. El Supremo rebajó la semana pasada a 75.000 euros la fianza que fijó en un principio en 150.000 euros.