El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejando Luzón, cree que “procede rechazar la petición de libertad solicitada” por los dos procesados al entender que la prisión provisional comunicada y sin fianza sigue siendo “la racionalmente más adecuada para conjurar un alto riesgo” de fuga que entiende que existe en este caso.

Para el Ministerio Público, el riesgo de que ambos se pudieran sustraer de la acción de la justicia es consecuencia de “la gravedad de las penas solicitadas, la solidez de los indicios que las sustentan, la inminencia de la celebración del juicio oral y la existencia, todavía, de otras graves conductas que se le imputan en otro procedimiento".

En el caso de Ábalos, la Fiscalía pide 24 años de prisión, mientras que para Koldo García solicita 19 años y medio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada. En la causa también está acusado el empresario Víctor de Aldama, para el que pide siete años de cárcel, tras haber colaborado en el esclarecimiento de los hechos y admitir su participación.

Por su parte, el PP, que lidera las acusaciones populares y pide para ambos 30 años de prisión, también se opone a su puesta en libertad por entender que existen un “riesgo extremo” de fuga, que no se ve mermado por el arraigo familiar y social que ambos esgrimieron en sus recursos. Para el PP, ese riesgo “se ha visto claramente intensificado” a lo largo el proceso.