La nueva querella se presenta a escasos dos meses del inicio del juicio contra la cantante, que arrancará el próximo 20 de noviembre, y vuelve a incidir sobre la gestión de sus bienes y el uso de un entramado de empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos en España.

La querella se ha presentado en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde residía la cantante junto a su expareja, Gerard Piqué. El instructor tiene pendiente citarla a declarar, un trámite que probablemente se realizará por videoconferencia, tal y como ha pedido el fiscal, puesto que la artista vive ahora en Miami.

Según el Ministerio Público, Shakira habría actuado “movida por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas” y para dejar ingresar a las arcas públicas lo que le correspondía “de manera consciente y voluntaria”, presentando “declaraciones inveraces de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio”.

Entiende la Fiscalía que la cantante no declaró ganancias de 12,5 millones de dólares por la gira “El Dorado World Tour” ni los 2,5 millones de euros procedentes del rendimiento de sus sociedades, pero además dedujo gastos por duplicado por importe superior a tres millones de euros, dedujo también sus propios derechos musicales por otros tres millones y dedujo gastos personales no justificados por importe superior a los 500.000 euros.

Por tanto, el Ministerio Público entiende que Shakira defraudó 5.361.146 euros en el IRPF en 2018, por lo que le reclama 6.061.316 euros teniendo en cuenta lo que ingresó voluntariamente y los intereses de demora. Además, estima que defraudó 773.600 euros en el Impuesto sobre el Patrimonio, por el que reclama una deuda de 625.190 euros.

Todo ello se hizo a través de un entramado de sociedades utilizado para evadir impuestos que se constituyeron en paraísos fiscales como Luxemburgo, Países Bajos, Malta, Islas Vírgenes, Panamá, Bahamas, Estados Unidos o Liechenstein.