Peinado acordó esta diligencia tras preguntar a Presidencia del Gobierno si la esposa de Pedro Sánchez tenía asignada una cuenta de correo electrónico de carácter oficial con la designación '@presidencia.gob.es'. Dado que la dirección de correo existía, el instructor pidió todo intercambio realizado desde esa cuenta a partir de julio de 2018, la fecha en la que Cristina Álvarez fue contratada como asistente de Gómez.

Ambas están imputadas por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la sospecha de que la asistente de la esposa del presidente realizó gestiones relacionadas con su actividad privada en la Universidad Complutense.

El Ministerio Público se pregunta “¿Qué estamos buscando?” con esta medida y señala que “se están vulnerando derechos fundamentales y la propia ley procesal penal”. El recurso considera la petición “absolutamente desmesurada” y pregunta si “¿es proporcional (…) enviar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado?”.

La Fiscalía no entra a analizar si es lícito que una persona sin cargo público tenga un correo bajo el dominio “@presidencia.gob.es” pero defiende que esa cuenta debería contar con una “mínima expectativa de privacidad razonable en su uso y contenidos”.

Además Peinado ha dado diez días al exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, para que también entregue “todos los correos de que disponga en la que resulte remitente o destinataria” la asesora de Begoña Gómez, dado que en su declaración desveló que hubo tráfico de mensajes intenso entre ellos.