El Boletín Oficial de Estado publicaba la creación de estas plazas el pasado 9 de julio. Esta norma supone, “sin ningún género de dudas (…) una buena noticia”. El objetivo final de la medida debe centrase en alcanzar las ratios de los países europeo y conseguir que jueces y magistrados/as desarrollen su función sin tener que soportar una sobrecarga de trabajo inasumible y con garantías de calidad.

“Está claro”, añade esta asociación, “que aún estamos muy lejos de alcanzar tales objetivos, de modo que este Real Decreto ha de entenderse sólo como un primer paso, que habrá de tener continuidad en próximos ejercicios”.

Desde esa perspectiva, consideran “poco esperanzador” que la entrada en funcionamiento de las primeras plazas no esté prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, y que la mayor parte de las mismas no se hagan efectivas hasta junio y noviembre de 2027.

FJI señala que al implantarse los tribunales de instancia es posible crear plazas judiciales sin la creación de todo un juzgado, por lo que esta asociación critica el retraso en la creación de plazas, del que “no se ha dado explicación alguna”.

Por tanto, piden revertir la decisión de no renovar a partir del 1 de julio de 2026 diversas comisiones de servicio que hasta ahora se venían aprobando para reforzar distintos órganos judiciales, puesto que las cargas de trabajo siguen subiendo.