Sánchez Llibre, también presidente de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball (Sbees), participó en la presentación del informe ‘La España de los 50 millones de habitantes’, en el que se analizan los cambios demográficos que configurarán la economía española en las próximas décadas.

En concreto, será la inmigración la que determine el futuro económico del país, lo que llevó al presidente de Foment a hacer tres consideraciones al respecto.

En primer lugar, que “España y la economía española necesitan inevitablemente de la inmigración para progresar económicamente”, lo que implica, en segundo punto, a las empresas, que requerirán de esta mano de obra extranjera para poder ser más productivos y más competitivos.

Por último, Sánchez Llibre recalcó que “la inmigración es necesaria para la sostenibilidad de la Sociedad del Bienestar”, además de una solución para el futuro económico y social”.

Ante la necesidad de la inmigración para progresar, el presidente de Foment insistió en que se debe desvincular la llegada de extranjeros de la idea de “la inseguridad, la delincuencia y la violencia, y evitar la tentación de las soluciones fáciles”.

En su opinión, el Pacto Social que propuso debe plantear cuestiones como la integración de los inmigrantes, las dificultades culturales, los choques de valores que afectan a la igualdad o la posible sobrecarga de los servicios públicos, sin olvidar la economía sumergida y resolver la saturación del acceso a la vivienda en España.

El Informe presentado este jueves estima que España llegará a los 50 millones de habitantes en las próximas dos décadas, con un saldo migratorio neto positivo.

Si se cumplen estas previsiones, en el año 2035, la suma de la población originaria del extranjero y los descendientes de extranjeros nacidos en España podría superar el 34%, lo que supone que un tercio de la población estará vinculada, en primera o segunda generación, a la inmigración.

Además, en la próxima década se producirá un desequilibrio en el mercado laboral entre las personas que se jubilarán y las que se incorporarán, con un déficit de 1,4 millones de trabajadores.

Así, un 6,3% de los empleos totales no podrán ser cubiertos y haría falta incorporar cada año cerca de 140.000 personas en edad laboral para cubrir ese déficit de trabajadores.

El informe también auguró que el aumento de pensionistas y el gasto en prestaciones continuará siendo un reto para la sostenibilidad financiera del sistema.