En un comunicado publicado este martes, la patronal catalana reiteró su apoyo a la regularización e integración de los extranjeros en situación irregular, necesaria para “garantizar el funcionamiento del mercado laboral y la continuidad de la actividad productiva”, pero reclamaron más garantías al Gobierno.

“Una política de regularización solo puede tener éxito si se aplica con rigor, previsión y criterios sólidos que garanticen un despliegue ordenado y seguro”, expresó Foment.

La patronal catalana reclamó al Ejecutivo que el texto sea “mucho más estricto, coherente con el Código Penal y la Ley de Extranjería”, y elimine “cualquier elemento que pueda generar interpretaciones confusas”.

Asimismo, Foment pidió que el texto incorpore procedimientos de verificación completos y fiables, de manera que ninguna persona con antecedentes policiales o causas pendientes no resueltas pueda avanzar en el proceso de regularización hasta que su situación jurídica esté plenamente aclarada.

“Solo así se podrá garantizar un equilibrio adecuado entre el objetivo de integración social y las necesidades de seguridad y orden público”, expusieron.

Por este motivo, insistieron en que se tengan en cuenta los antecedentes policiales y no solo los penales y recordaron que “existe consenso entre diversos sectores sociales” en que los antecedentes policiales y las causas pendientes deberían comportar la suspensión del proceso.

Además, trasladaron la “inquietud” que genera la actual redacción del texto entre “amplios sectores de la sociedad catalana”, con puntos cuestionados como la acreditación de antecedentes penales con “una simple declaración responsable en algunos casos”. Foment agregó que el texto tampoco garantiza de forma suficiente la seguridad ciudadana ni la seguridad jurídica.